Licitación: manchas de la mugre

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CCSEA) no puede convertirse en el Poncio Pilatos del gobierno alfarista y dar su aval en el irregular proceso de licitación y adjudicación del arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina, donde cada vez que se le rasca es más evidente la podredumbre que surge de este acuerdo entre compadres y validado desde las más altas esferas del poder en el estado.

A todas las evidencias que El Diario NTR Guadalajara ha hecho públicas documentalmente desde que se identificó que la persona que acompañó al gobernador Enrique Alfaro al juego de los Lakers en Los Ángeles, California, era Guillermo Romo Romero, el propietario de Operadora de Servicios Mega, SA de CV, que semanas antes había ganado la licitación por 3 mil 600 millones de pesos, se suma una serie de violaciones a las disposiciones legales que ninguno de los integrantes del CCSEA quiere ver.

Por ejemplo, el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco establece que “la secretaría cancelará el registro de un proveedor del padrón, cuando: I. Se advierta que la información proporcionada por el proveedor es falsa o inconsistente…”. ¿No fue inconsistente la información proporcionada respecto a que ambas empresas finalistas (Mega y Avancap) comparten la misma dirección, la misma representante legal, Mariel Rodríguez, y que Román Ibarra es consejero de Avancap y director de alianzas del Grupo Mega?

Por otro lado, el artículo 52 de la misma ley dice: “La Comisión (de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno del estado) tendrá las siguientes funciones: “(…) IX. Invitar a participar en sus sesiones a servidores públicos que por sus funciones coadyuven a la fundamentación de sus resoluciones y solicitar el apoyo de las dependencias o entidades especializadas a efecto de contar con más elementos para emitir sus resoluciones…”. Valga la pregunta: ¿Por qué no se invitó a la contralora del estado, Teresa Brito, a estas sesiones considerando la importancia del monto de la licitación (nada menos 3 mil 600 millones de pesos) y lo que estaba en juego?

Agrega el artículo: “X. Instruir cuando considere pertinente el que se lleven a cabo las investigaciones de mercado, antes del inicio del proceso de adquisición…”. ¿Cumplió la Comisión de Adquisiciones con esta disposición? ¿Se llevaron a cabo investigaciones de mercado? Si no se hizo, ¿por qué? Y si se hizo, ¿cuál fue el resultado?

En el numeral XII de ese mismo artículo se apunta: “Procurar en los términos de este ordenamiento, las adquisiciones en partes proporcionales a favor de aquellos proveedores que oferten el mismo bien o servicio, en igualdad de condiciones de calidad, servicio, precio, condiciones de pago y tiempo de entrega, atendiendo al principio de equidad”. ¿No fueron esas las condiciones de las dos empresas finalistas? ¿No era obligado anteponer este principio de equidad entre las empresas finalistas o no se hizo porque, como se ha evidenciado, finalmente Grupo Mega y Avancap venían siendo la misma cosa y todo queda en casa?

Previamente el numeral II dice: “Determinar el precio conveniente a partir de obtención del promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el proceso de adquisición”. ¿Se determinó el precio conveniente? Si se hizo, ¿cuál fue? ¿Sirvió para tomar la decisión final? Si no se hizo, ¿por qué?

Si se analizan con precisión los puntos torales de la Ley de Adquisiciones encontraremos que la licitación del programa A Toda Máquina está plagada de inconsistencias e irregularidades que el Sistema Estatal Anticorrupción no puede ignorar, por más que quiera ayudarle al gobierno alfarista a salir del embrollo en que está sumido. Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I