Dos informes del me canso ganso

El lunes, Andrés Manuel López Obrador estará de celebración al cumplirse un año de su triunfo en las urnas. Dispuso que la fecha amerita un informe en el Zócalo, con bailongo incluido.

López Obrador dice que la ocasión no es poca cosa, así que, en un evento al que define como austero, no de gran costo ni mucho menos derroche, dará el informe de sus siete meses en el Palacio Nacional. Mariachis, grupos musicales y la orquesta de la Secretaría de Marina amenizarán este corte de caja predecible: todo está requetebién, ya no hay huachicoleo ni corrupción, y lo que se escucha de malo sale de los adversarios, neoliberales, fifís, resentidos y demás.

Pero a pocos días de esa celebración, Mexicanos contra la Corrupción, Causa Ciudadana y Nexos sueltan otro informe: Legalidad contra las Cuerdas, en el que enlistan 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, otras siete de dudosa legalidad y cuatro leyes a modo.

Nexos lo publica con el encabezado “Sí o sí: Me canso ganso” y de entrada refiere lo que ocurrió el 17 de abril, cuando, en su conferencia mañanera, López Obrador expresó: “Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. La frase acompañó al famoso Memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa y, en pocas palabras, fue el equivalente a hacer justicia al margen de la ley o justicia por propia mano.

Cita cómo esta acción es totalmente incongruente con otra frase favorita del presidente: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Debiera, entonces, agrega el análisis, esperarse un comportamiento por demás escrupuloso en la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo y procede a enlistar los actos ilegales detectados por Mexicanos contra la Corrupción y Causa Ciudadana:

1. Desmantelamiento de las estructuras de la administración pública federal. 2. Censo de bienestar para la repartición de programas sociales. 3. Memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa. 4. Cancelación de recursos a organizaciones de sociedad civil. 5. Contratación de empresas fantasma. 6. Reducción de presupuesto a los organismos constitucionales autónomos como el INE, CNDH, Banxico. 7. Reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional. 8. Promoción personalizada del presidente en publicidad oficial. 9. Cierre de comedores comunitarios. 10. Cancelación de recursos para las estancias infantiles. 11. Cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México e inicio de Santa Lucía. 12. Militarización de las funciones de seguridad pública. 13. Veto a empresas farmacéuticas para contratar con el gobierno. 14. Adjudicación directa sin justificación en compra de pipas de Pemex. 15. Consulta anticipada para termoeléctrica en Huexca, Morelos. 16. Uso de recinto público por asociación religiosa. 17. Omisión en la desocupación y bloqueo de vías férreas, en Michoacán. 18. Violación a la presunción de inocencia y al honor de las personas. 19. Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. 20. Inicio de tren maya sin requisitos legales previos.

Para cada punto, los organismos exponen por qué son ilegales y plantean el sustento legal para clasificarlos como tales. Adelantándose a la denostación a la que seguramente serán expuestos, advierten que lo único que están ganando es una bronca, pero encienden la alerta “por el peligro que significa un gobierno que llegó al poder por la vía legal y con legitimidad electoral, pero que habla, propone y actúa colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano secundario”.

Queda en la sociedad la decisión de a cuál de los informes hacerle caso.

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