Ayotzinapa y la primavera democrática

Así como la huelga de Cananea se ha considerado como el punto de quiebre de la dictadura porfirista, para los historiadores del futuro Ayotzinapa marcará el punto de inflexión del período conocido como el PRIato. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos reveló de una manera brutal el nivel de putrefacción que había alcanzado el aparato gubernamental –sistema político incluido– del Estado mexicano. Los jóvenes participantes en la requisa de autobuses, para participar en la marcha del 2 de octubre, acción que implicaba una falta a la ley, fueron violentamente detenidos, la noche del 26 de septiembre de 2014, por las policías de Iguala y Cocula. Las últimas imágenes los ubican en vehículos policíacos. A una falta menor, el Estado respondía con un crimen de lesa humanidad: la desaparición forzada.

Ayotzinapa evidenció la extrema debilidad de las instituciones del Estado, infiltradas por el crimen organizado y anegadas por la corrupción. Todas fallaron: los cuerpos policíacos que entregaron a los estudiantes en lugar de garantizar su seguridad; los militares que enterados en tiempo real de los sucesos, se mantuvieron al margen, e impidieron el acceso a sus instalaciones de los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); las instituciones de procuración de justicia, primero mediante la construcción de una narrativa, bautizada como “la verdad histórica”, que no tuvo credibilidad y estuvo plagada de vicios jurídicos y procesales, que culminaron con la excarcelación de 24 inculpados, por obtener su confesión bajo tortura. Errores procesales y de juicio que exhiben, en palabras de Alejandro Encinas, “la podredumbre del sistema de impartición de justicia en el país”.

Fallaron los medios de comunicación, que a pesar de tener conocimiento de los hechos, se tardaron hasta cuatro días para darles publicidad. Si las redes sociales no hubieran existido, haciendo posible la visibilidad de los acontecimientos, el crimen de Iguala hubiera quedado sepultado en alguna nota menor, en los noticieros de radio y televisión, o en las páginas internas de los diarios nacionales. Pero, sobre todo, lo que quedó de manifiesto fue la abismal distancia entre el depositario del Poder Ejecutivo y el pueblo mexicano. Peña Nieto se mostró incapaz para escuchar a los padres y no dudó en utilizar la fuerza pública para reprimir el amplio movimiento social que Ayotzinapa generó.

Ayotzinapa fue la culminación de tres movimientos sociales, de carácter nacional, que se manifestaron los últimos años: las movilizaciones en contra de la violencia, producto de la guerra calderonista contra el crimen organizado; el repudio multitudinario a la candidatura de Peña Nieto y la resistencia a su imposición; la condena masiva a la desaparición forzada de los estudiantes y el reclamo generalizado del “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

No es posible separar Ayotzinapa del resultado electoral del 1 de julio de 2018. Ayotzinapa fue el punto de quiebre para buscar un cambio en el sistema y benefició al candidato que representaba esa posibilidad. Por eso, López Obrador, en sus primeros días de gobierno, emitió el decreto de creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. La decisión de “empezar de cero”, a cinco años de la tragedia, ilustra la voluntad política y el compromiso presidencial, por hacer del conocimiento de los padres el paradero de sus hijos y llevar a juicio a todos los responsables.

“Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas”, rezaba el lema en la pancarta en una de las multitudinarias marchas por Ayotzinapa. A cinco años, el lema cobra vida y se materializa. Ayotzinapa fue el agente precursor de la primavera, que inexorablemente se instala en nuestra incipiente democracia.

@fracegon

JJ/I