No es el pacto fiscal, son los votos

En México la batalla es por los votos. Una pugna descarada y burda. La política en nuestro país tiene un origen y un destino electoral. No hay forma de interpretar una decisión de gobierno o un discurso al margen de las encuestas y las urnas. 

La clase gobernante de este país, indistintamente del partido político, ha sido incapaz de debatir desde una perspectiva de Estado; el cálculo que se realiza, casi siempre, tiene como referencia obligada la siguiente elección, el poder a corto plazo, el rédito popular. Quizá López Obrador, nos guste o no, intenta modificar esta perspectiva de ver votos en lugar de personas, sin embargo, nuestra vida política sigue sin profundidad, es miope y efectista. De ahí los catastróficos resultados de los últimos sexenios. 

El enfrentamiento entre el presidente y un grupo nutrido de gobernadores de oposición es un excelente botón de muestra de lo que pasa en el país. Quizá AMLO tiene razón cuando alega que la Federación no le debe nada a las entidades y que el pacto fiscal que nos rige se diseñó durante el sexenio de Calderón. Quizá los gobernadores tienen buenos motivos para señalar los recortes y la desaparición de fideicomisos y otras partidas. 

En el fondo, lo sabemos, se trata de una lucha personal y electoral que disfrazan con argumentos fiscales y presupuestales. Los mandatarios estatales y el gobierno federal han armado sus discursos y arengas alrededor de las contribuciones, del tamaño de las aportaciones, del peso fiscal de cada entidad y de los recortes presupuestales, pero su verdadera preocupación es no perder las elecciones intermedias. 

Y es que, ¿qué pasaría si San Pedro Garza García o Zapopan, dos de los municipios más ricos del país, y con algunas de las zonas urbanas más privilegiadas de México, publicaran su declaración de autonomía y soberanía alegando que su aportación al PIB es superior no sólo a la de sus estados (Nuevo León y Jalisco), sino a la del resto del país? 

Económicamente podría ser viable. Sociopolíticamente es un disparate, porque el concepto de Federación implica un pacto ciudadano bajo una misma nación, una asociación horizontal de poderes inspirados por la libre adhesión. El republicanismo no se inspira únicamente en simetrías o asimetrías, sino en obligaciones, derechos y un ejercicio de políticas públicas de hombres y mujeres que habitan el mismo territorio y se someten a las mismas leyes. 

El presidente y los gobernadores saben que la discusión federalista y “aliancista” que sostienen es absurda, pero ellos juegan para la tribuna, dan dos capotazos y voltean a los tendidos para medir la reacción del público; si éste se muestra complacido, saborearán su triunfo momentáneo y seguirán lidiando al toro buscando concretar una buena faena. Si no es así, harán un alto y corregirán la estrategia. En este proceso, las encuestas son la llave maestra para medir egos, popularidades e ineficiencias. 

La cosa está más que clara. Andrés Manuel López Obrador necesita la mayoría en la Cámara de Diputados para poder sacar adelante las iniciativas y reformas que su cuarta transformación requiere para la segunda mitad de su sexenio, considerando que la pandemia transformó el escenario político nacional y ha representado obstáculos descomunales e imprevistos en su plan original. 

Los gobernadores caminan en el mismo sentido, pero en la escala de sus pequeños reinos. Necesitan ganar la elección intermedia para no morir políticamente, seguir asomando la cabeza a nivel nacional, mantener el control de sus respectivos congresos y, por lo tanto, de sus estados. Los estudios que se levantan en estos momentos ya dan cuenta de una realidad que viene: la elección del próximo año caminará en el terreno de las emociones y los sentimientos; habrá muy pocos mensajes racionales que puedan trascender en la arena electoral. El escenario está puesto, el amor y el odio a AMLO serán el motor de la contienda. 

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