Profundizada, la crisis de DH en México

Desde hace décadas, México enfrenta una “alarmante crisis en materia de derechos humanos” que, lejos de atenuarse, “se ha profundizado”, particularmente desde el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), efectuado en noviembre de 2018, periodo que coincide con un cambio en la administración federal; es decir, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llamada cuarta transformación.

Se trata de una dolorosa realidad del país negada, minimizada o mal atendida por el gobierno federal, incluidos también los gobiernos surgidos de los partidos opositores, pero que desde una óptica ajena a los intereses partidistas revelan más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil que, agrupadas en el colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumo para el cuarto ciclo del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado la semana pasada en Ginebra.

La partidocracia y la versión oficial sobre los derechos humanos no suelen admitir críticas y las descalifican al considerarlas provenientes de “conservadores”, entre otros encuadres políticos, como hace López Obrador, o que tienen “agenda política oculta”, como responde el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El colectivo EPUMx advierte que la crisis de derechos humanos está caracterizada por factores estructurales como la violencia, la impunidad, la desigualdad y la debilidad del Estado de derecho. Asimismo, se ha visto influida por el contexto internacional, principalmente derivado de la pandemia y el manejo gubernamental de la misma, “que evidenció y profundizó la precaria situación de derechos económicos, sociales y culturales de la población, especialmente los relativos a la salud, al agua potable, al saneamiento y a la vivienda adecuada”.

De igual manera, añade, ha impactado el contexto regional, en particular por el fenómeno de movilidad humana desde Centro y Sudamérica y la falta de coordinación para abordar los desafíos en esta materia por parte de los países involucrados.

Agrega el colectivo que el gobierno ha colocado la reducción de la desigualdad como tema central de su agenda, particularmente a través de programas sociales. Las mediciones oficiales más recientes indican que la pobreza en México se redujo y el porcentaje de la población en esta situación pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones en 2022.

La construcción de megaproyectos también ha sido un aspecto toral de la actual administración, “bajo una política que ignora, desde una perspectiva de derechos humanos, el cumplimiento de normas ambientales y la atención a la emergencia climática”.

Advierte EPUMx que, si bien la crisis es generalizada, tiene impactos específicos y diferenciados en grupos discriminados históricamente y que enfrentan desigualdades estructurales, como las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, poblaciones en movilidad, entre otros. Las complejas condiciones que vive México profundizan el carácter multidimensional e interseccional de las violaciones de derechos humanos.

“La resistencia del gobierno federal no sólo de reconocer la continuidad de esta crisis, sino incluso de negarla del todo, aludiendo a que en México ya no se violan derechos humanos, ha exacerbado la situación y ha generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos. Esta postura complejiza el diseño de políticas públicas y programas orientados a la prevención y erradicación”.

Además, puntualiza que “a ello se suma la resistencia al escrutinio internacional, los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional –incluyendo la de las Naciones Unidas– y a las labores de observación de la sociedad civil organizada”.

X: @SergioRenedDios

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