Exconsejera del INE cuestiona legitimidad de la Comisión Presidencial para reforma electoral

La exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Jacqueline Peschard, explicó que la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral genera dudas sobre su legitimidad y sobre las intenciones del gobierno.

En entrevista para Informativo NTR, reconoció como positivo que se busque consultar a la ciudadanía, pero advirtió que el decreto que da origen a la comisión parte de premisas debatibles, como suponer que por haber una nueva mayoría política es necesario cambiar el sistema electoral.

La académica de la UNAM cuestionó que no se establezca con claridad si la reforma buscará mayor pluralidad, representación de minorías o respeto a la ley. Además, lamentó que no haya una intención explícita de construir consensos ni de incluir a consejeros electorales u otras voces fuera del gobierno.

Sobre la coordinación de la comisión por parte de Pablo Gómez, Jacqueline Peschard señaló que, aunque el exlegislador tuvo experiencia en temas electorales en los años noventa, no está actualizado en aspectos técnicos fundamentales como la representación de mujeres, indígenas, migrantes o el fortalecimiento institucional.

La investigadora criticó que la presidenta Sheinbaum parta de la idea de que las elecciones en México son “muy costosas”, cuando esos gastos sirven para garantizzar procesos confiables, equitativos y con altos estándares internacionales.

Sobre las propuestas de eliminar los plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos y bajar el costo electoral, advirtió que, si no se estudia adecuadamente, podría derivar en un retroceso democrático.

En cuanto al proceso electoral de 2027, la experta consideró que será especialmente desafiante, no solo por las elecciones intermedias y estatales, sino también por la segunda elección judicial, que debería tener reglas claras, independientes y distintas a las de los cargos políticos.

Finalmente, la exconsejera advirtió que, si no se garantiza la autonomía de las autoridades electorales, las reformas servirían únicamente a los intereses del gobierno de turno.

GR