La despenalización del aborto genera desafíos para la equidad

Activistas y expertas en derechos reproductivos se reunieron en Jalisco para evaluar, a un año de la despenalización del aborto, los avances y los desafíos que aún enfrenta el acceso efectivo a este derecho. Señalaron que, pese a la apertura legal, persisten barreras de información, institucionales y económicas que limitan su ejercicio pleno, sobre todo para personas en zonas rurales, jóvenes o en situación de vulnerabilidad.

La mesa estuvo integrada por Patricia Ortega, psicóloga y doctora en metodología de la enseñanza, y Verónica Correa, activista y cofundadora de la colectiva Me cuidan mis amigas, quienes compartieron su experiencia directa con personas gestantes que buscan ejercer su derecho a decidir. 

Ortega destacó la diversidad de usuarias y usuarios que recurren a los servicios de acompañamiento, señalando que “no solamente son mujeres, también son personas gestantes de distintos contextos sociales, educativos y económicos, algunas con acceso a información y redes de apoyo, otras completamente desinformadas y con miedo”.

Ambas ponentes coincidieron en que la legalización del aborto, aunque histórica y celebrada, no garantiza por sí sola un acceso pleno y seguro. Ortega enfatizó que la despenalización debe ir acompañada de difusión clara de los derechos, capacitación adecuada del personal de salud y eliminación de barreras económicas y geográficas, especialmente para personas jóvenes, indígenas y habitantes de zonas rurales. 

Por su parte, Verónica Correa narró experiencias que evidencian fallas y resistencias institucionales persistentes. Relató casos en los que personas gestantes, incluso cuando cumplen con los criterios legales para acceder a un aborto, enfrentan demoras, requisitos innecesarios o maltrato por parte del personal médico. 

Entre las principales fallas del sistema identificadas durante el foro, se mencionaron:

• La falta de claridad en los protocolos para abortos electivos y por causales, así como la poca difusión de la información sobre el derecho a abortar.
• La formación insuficiente del personal de salud, que muchas veces llega a los hospitales sin capacitación para realizar procedimientos seguros y respetuosos.
• Obstáculos administrativos y actitudes de personal médico y autoridades que limitan el acceso, generando retrasos y revictimizando a las personas gestantes.
• La necesidad de garantizar atención eficiente en el tercer trimestre del embarazo para casos de causales especiales, particularmente para personas en situación de pobreza o violencia.

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