Internan contra su voluntad a 356 en psiquiátricos

La organización Documenta evidenció que la práctica de internar personas en centros psiquiátricos de forma involuntaria se mantiene en el país y en Jalisco, donde más de 350 personas fueron internadas contra su voluntad en dos centros estatales entre 2024 y 2025.

Esta semana Documenta publicó el informe A 3 años de la reforma en salud mental y adicciones, ¿qué ha pasado con su implementación? Segundo ejercicio de monitoreo sobre internamientos involuntarios, en el que arroja que en 2025 –no precisa la temporalidad– van 4 mil 364 personas internadas en centros psiquiátricos en todo el país, de las cuales 3 mil 606 fueron ingresadas contra su voluntad.

En el caso de Jalisco la organización detectó dos centros: el Centro Integral de Salud Mental (Caisame) de estancia prolongada y el Caisame de estancia breve. Ambos están en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El Caisame de estancia prolongada reportó 283 ingresos en 2024, de los cuales 14 fueron involuntarios, mientras que en 2025 van 175, todos involuntarios. En el caso del Caisame estancia breve, reportó a Documenta cero ingresos en 2024 y 167 en 2025, todos involuntarios. Esto significa que entre los dos sumaron 625 ingresos entre ambos años con 356 contra la voluntad de la persona internada, es decir, el 56.96 por ciento.

“Los datos anteriores (nacionales y estatales) no sólo reflejan que las ahora ilegales prácticas de internamiento involuntario siguen existiendo, sino que el número de personas impactadas por las mismas se ha incrementado (en 2025) con respecto al 2024”, describe la organización.

Documenta a la par recrimina que los centros psiquiátricos sigan teniendo pacientes con larga estancia, lo que también ocurre en Jalisco, donde en este año suman 64 personas en el Caisame de estancia prolongada que han estado ahí por más de 20 años y 25 con más de 11 años.

“¿Cómo evitar que las miles de personas que hoy en día se encuentran internadas en un hospital no tengan el mismo destino? ¿Cómo construir un sistema de atención a la salud mental que entienda que el encierro no es terapéutico y que establezca como uno de sus objetivos fundamentales en el proceso de recuperación el reforzamiento de la inclusión social y de los vínculos entre el individuo y la comunidad?”, cuestiona la organización.

Ante esto pidió invertir en servicios de apoyo y cuidado en las comunidades que respeten la autonomía e independencia de las personas usuarias de los servicios de salud mental; capacitar a los prestadores de servicios de salud mental sobre prácticas respetuosas de derechos humanos; reformar las normas oficiales; realizar un censo sobre personas internadas involuntariamente, y generar mecanismos individualizados para su desinstitucionalización.

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