Familias acuden a ONU ante omisiones en búsquedas

Debido a que no hay acciones inmediatas de búsqueda o hay retrasos en la implementación de diversas acciones en casos de desaparición de personas, las familias se ven obligadas a acudir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el ente internacional emita medidas hacia el Estado mexicano.

El 7 de octubre, la ONU publicó su informe de acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés). En el documento México figura como el país con más requerimientos de este tipo ante el órgano internacional con un acumulado de 779 desde 2012 y hasta el 16 de septiembre de 2025.

Esta cifra es seguida por la de Iraq, con 663, y después están Colombia, con 244, y Cuba, con 200. En total, el CED de la ONU recibió 2 mil 74 solicitudes de acciones urgentes de todo el mundo en el periodo mencionado, lo que significa que una de cada tres procedió de México.

El reporte incluye un apartado de información específica del periodo del 1 de marzo al 16 de septiembre de este año, tiempo en el que familias mexicanas acudieron ante el CED de la ONU en 51 veces para solicitar una acción urgente para la búsqueda inmediata de su desaparecido.

“Con respecto a las 51 solicitudes de acción urgente relacionadas con México registradas durante el período que abarca el informe, las desapariciones ocurrieron entre el 14 de mayo de 2014 y el 19 de junio de 2025, más de 22 de ellas en 2024 y 2025”.

De las víctimas, 78 por ciento correspondió a hombres, 22 por ciento a mujeres (una de ellas embarazada cuando fue desaparecida), 10 por ciento a menores, 2 por ciento a personas con discapacidad y el 2 por ciento restante a personas defensoras.

De esa cantidad, 29 casos fueron de personas desaparecidas en Baja California, estado que tuvo la mayor cantidad. En segundo lugar estuvo Jalisco con cinco acciones urgentes, lo que representó el 10 por ciento del total de México.

En los casos de Jalisco destacó la persistencia de la desaparición forzada, es decir, desapariciones en las que se presume la participación de policías.

“Las personas habrían sido privadas de la libertad por individuos identificados como agentes del Estado, así como por hombres armados, en un contexto donde el Comité ha recibido repetidas denuncias de colusión entre agentes estatales y actores criminales. En uno de esos casos, ocurrido en el municipio de Tecolotlán, el Comité fue informado de que se emitieron órdenes de aprehensión contra siete policías municipales en relación con la desaparición, pero dichas órdenes no se han ejecutado hasta la fecha”.

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