Para muchas personas, muy particularmente para las personas jóvenes de las ciudades grandes y medias del país, llegado el momento en que se quieren desprender de su familia de origen para vivir independientes de sus padres, para casarse o para sin casarse vivir con su pareja, contar con una vivienda adecuada se ha convertido en un gran problema por el altísimo costo de los departamentos o casas si pensaran comprar o por los elevados costos de las rentas. A esta situación, entre otras, se debe el desarrollo del fenómeno del ‘roomie’ (compañero/a de habitación, de piso o de casa) con las implicaciones que está teniendo.
Aunado a esto, los lugares donde pudieran comprar o rentar a un costo menos elevado generalmente están muy retirados de sus centros de estudio y/o centros laborales, lo que implica una gran inversión de tiempo para su traslado, ya sea en transporte público o particular, y desfavorece su descanso (lo que afecta significativamente su salud integral) o a no contar con tiempo suficiente para dedicarlo a la convivencia familiar o de pareja nutricia y vivificante.
Claro que este problema también está generado por la inestabilidad laboral y los raquíticos salarios que perciben nuestras/os jóvenes, lo que no solo vulnera su derecho constitucional establecido en el artículo 4, –“…toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”–, sino el satisfacer a plenitud muchas necesidades básicas más.
Por si fuera poco, la industria inmobiliaria, en su afán inmoral de lograr la mayor rentabilidad posible a costa de desarrollar viviendas de bajísima calidad: espacios ridículamente pequeños, materiales de baja calidad, acabados rupestres de las viviendas y sin la infraestructura urbanística necesaria (áreas verdes, donación de terrenos al municipio para equipamiento y servicios públicos necesarios para la población, etc.), está contribuyendo a generar un gran problema social que ha iniciado a denunciarse y que ya está generando una gran crisis.
Cierto que el gobierno federal ha implementado el Programa de Vivienda para el Bienestar que tiene como finalidad garantizar el acceso a una vivienda a las familias mexicanas que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, en situación de vulnerabilidad, lo que palía el problema, pero no lo resuelve, por lo que hoy más que nunca se debe diseñar e implementar en forma multidisciplinaria políticas públicas y programas gubernamentales integrales para atender este problema y otros íntimamente relacionados.
Como vamos, ¿qué condiciones para vivir le dejaremos a nuestras/os hijos?
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