Cuando profesionales de la salud, asociaciones civiles y grupos de usuarios de los servicios públicos de salud y sus familiares se manifiestan públicamente por el desabasto de medicamentos, carencia de equipos médicos, servicios psicológicos, unidades de cuidados paliativos, materiales de curación, espacios físicos y mobiliario en los hospitales públicos de segundo y tercer nivel; cuando en muchas escuelas de educación básica se carece de instalaciones o en las instalaciones en las que se trabaja son inadecuadas, se carece de mobiliario adecuado, de equipos y bibliotecas, del servicio de Internet y de los servicios de profesionales de la psicología; cuando en las Universidades del Bienestar maestros duran meses sin salario y no cuentan con contratos formales que reconozcan sus derechos laborales; cuando a las universidades públicas no se les proporcionan los recursos económicos suficientes para cumplir adecuadamente con sus funciones académicas; cuando a muchos otros problemas y necesidades sociales no se les han destinado los recursos necesarios para atenderlos, lo que queda claro es que el gobierno federal no tiene dinero.
Incluso, la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas ha presentado al gobierno federal importantes propuestas, como la red nacional de ludotecas para las niñas y los niños; la integración de Servicios de salud mental para adultos mayores y personas con discapacidad en el programa nacional Salud Casa por Casa y el servicio Teléfono Dorado de Acompañamiento y Apoyo Emocional por Teléfono para adultos mayores, y las respuestas han sido absurdas y evasivas.
Para el desarrollo integral del país y para asegurar calidad en la vida de las y los ciudadanos, es fundamental que el gobierno federal y los estatales brinden servicios prioritarios, suficientes y de calidad en los campos de la salud, la educación, la seguridad pública, de dotación de agua, de protección al medio ambiente, de transporte público, de desarrollo sustentable de las ciudades y de aseguramiento del trabajo digno y vivienda digna, y a ello se deben destinar los recursos económicos con los que se cuenta. Por ningún motivo se justifica que se utilicen los recursos públicos con fines electorales, en obras faraónicas o en ofrecerle a la ciudadanía “pan y circo”. Por supuesto, para contar con los recursos económicos suficientes para el cumplimiento de las funciones que les corresponden es necesario erradicar la corrupción y por ningún motivo tolerar la ineficiencia y la ineficacia.
Asimismo, las y los ciudadanos debemos ser informadamente críticos y exigir que los funcionarios y legisladores cumplan lo que les corresponde.
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