Ante las críticas, manifestaciones y marchas del personal de salud y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta de México y la Dirección General del IMSS anunciaron a finales de octubre el plan emergente "12 acciones en 120 días", el cual contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos. Este plan se comenzó a implementar a partir del 27 de octubre y continuará hasta el 24 de febrero de 2027 para optimizar la atención médica y resolver las demandas de los derechohabientes y trabajadores del Instituto.
Este plan contempla 12 medidas: 1. Incremento salarial del 8 por ciento; 2. Basificación de 10 mil 939 trabajadores; 3. Contratación expedita de 2 mil 500 médicos especialistas; 4. Compra de 100 equipos médicos de alta tecnología; 5. Adquisición expedita de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio; 6. Adquisición de 18 mil 16 camillas y camas nuevas para áreas de urgencias y hospitalización; 7. Implementación de un programa de mantenimiento emergente y permanente de instalaciones; 8. Instalación de mil 900 equipos de cómputo para realizar recetas colectivas; 9. Modernización de almacenes y distribución de medicamentos; 10. Implementación de un programa para abatir el rezago quirúrgico; 11. Citas de consulta de especialidad sin cierre de agenda por fin de año, y 12. Fortalecimiento del servicio en áreas de urgencias.
Noticia mínimamente aceptable para las y los derechohabientes y para algunos miembros del personal, ya que algunos de estas/os seguirán teniendo salarios miserables. Lo cuestionable es que estas medidas se hayan tomado por la presión del personal y derechohabientes y no por una planeación previa de las autoridades para resolver los numerosos y añejos problemas del IMSS. Representan un pequeño avance para mejorar la atención médica.
Sin embargo, para mejorar los servicios de salud mental del IMSS, no está contemplado nada en este plan emergente.
Cuando las citas con la/el psicóloga/o para las personas usuarias se programan comúnmente con un espacio de uno a tres meses entre cada sesión debido a la alta demanda y saturación de las agendas (se han detectado casos de hasta un año para personas en situaciones críticas), y cuando sus psicólogas/os no cuentan con equipos modernos como el neurofeedback, de realidad virtual y realidad aumentada, plataformas de telepsicología segura, wearables y sensores biométricos, historias clínicas electrónicas y test automatizados para un trabajo más eficaz o con verdaderas ludotecas para el trabajo psicológico con las y los niños, entre otras carencias, podemos concluir que estos servicios son inaceptables para sus derechoahabientes.
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