El 18 de mayo de 2022 entró en vigencia la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en su artículo 9 ya reconoce a la movilidad como un “…derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia”.
El derecho a la movilidad tiene las siguientes finalidades:
1. La integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables
2. La accesibilidad de todas las personas en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a las calles y a los sistemas de transporte, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad
3. La movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías
4. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático
5. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial
6. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones
7. La igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad
8. Dotar a todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado a una distancia no mayor de dos kilómetros
9. Promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso de los servicios
10. Promover en aquellos Municipios con territorio insular los sistemas, rutas y modalidades que faciliten el acceso y la movilidad de las personas entre el territorio insular y continental
Lamentablemente las autoridades federales, estatales y municipales no implementan las medidas necesarias para que las y los ciudadanos conozcan este derecho y menos desarrollan eficiente y eficazmente los planes, programas y acciones para que las personas ejerzan a plenitud este derecho a una movilidad segura, de calidad, accesible, incluyente y sustentable.
Deplorablemente vemos como, contrariamente a lo que debería ser, la movilidad en las ciudades grandes y medias del país se ha convertido en insegura, excluyente, ansiógena, desgastante, caótica e insostenible.
En esta importantísima área de la vida social hay un reprobable vacío de autoridad.
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