La educación formal, que tiene una relación muy estrecha al trabajo y a la economía, que representan las bases más importantes para el desarrollo integral del país y de las y los ciudadanos en particular, debe ser impartida obligatoriamente por el Estado mexicano (hablamos de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior).
De acuerdo con el artículo 3º constitucional, además de obligatoria debe ser “universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
Indudablemente en México hemos avanzado en la creación de condiciones para que las y los niños, las y los adolescentes y las y los jóvenes puedan acceder a las instituciones educativas para estudiar y así garantizar su carácter de universal. Salvo las cuotas “voluntarias” que exigen en la gran mayoría de escuelas, está garantizado su carácter de gratuidad; además, su carácter de laica generalmente está garantizado, aunque en el carácter de inclusiva todavía hay mucho que garantizar, sobre todo para niñas/os, adolescentes y jóvenes con discapacidad, de los pueblos originarios y en situación de calle.
Ahora bien, la educación formal debe cumplir diversas funciones, algunas de ellas no muy reconocidas: académica, cultural, de socialización, político-ideológica, económica, sanitaria, psicológica, de movilidad social, vocacional, entre otras.
Entonces, habrá que cuestionarnos si la educación pública está cumpliendo cabalmente dichas funciones o si solo queremos creer que estando inscritas e inscritos y asistiendo a las instituciones educativas con ello se cumplen las importantes funciones educativas.
Lo cierto es que cotidianamente observamos que los resultados en las diversas funciones en las y los educandos son muy limitados, y se confirma cuando en las evaluaciones educativas internacionales México está obteniendo resultados muy lamentables. Las autoridades federales y estatales podrán presentar diversos argumentos para afirmar que vamos bien, pero las múltiples problemáticas sociales que vivimos a diario les desconfirman.
La realidad nacional e internacional exige que la educación formal pública sea de calidad (y vinculada a la educación familiar) y que genere resultados positivos para el país y para las y los ciudadanos que se reflejen día a día.
Hoy, en el artículo 3º constitucional se debe agregar que la educación que imparta el Estado debe ser de calidad. Claro que entonces tendremos que realizar un gran debate nacional sobre las características que debe tener una educación pública de calidad y en sus distintos niveles, en el que participen académicos, investigadores y profesionales de distintas disciplinas, los padres de familia y las y los ciudadanos en general.
Indiscutiblemente en ello se jugaría el futuro de México.
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