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Y resolver Magistraturas
A creerle
Una nueva investigación de Cartocrítica detalla la dimensión del fracking en México: se mapearon 7 mil 879 pozos fracturados, bajo el respaldo legal de los lineamientos del anterior gobierno federal, que no han sido cancelados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque éste se comprometió a prohibir esa técnica extractiva con altos impactos ambientales negativos.
Ayer en la Ciudad de México, la organización civil presentó una actualización de su trabajo sobre fracking (fractura inducida de mantos de roca con uso masivo de agua) “que incluye un mapa dinámico que permite identificar la intensidad con la que ha sido aplicada esta técnica en México. La información presentada muestra que son 7 mil 879 pozos los que han sido fracturados y que suman 36 mil 159 fracturaciones”, difundió por la tarde. El informe está disponible en http://www.cartocritica.org.mx/2019/actualidad-de-la-fracturacion-hidraulica-en-mexico/.
Allí se detallan contratos y asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, para lo que existen 26 bloques adjudicados, 25 de los cuales son asignaciones a Pemex. “El restante es un contrato otorgado bajo la modalidad de licencia firmado en noviembre de 2018 por CNH, Pemex Exploración y Producción y la empresa Operadora de Campos DWF, SA de CV, para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.88 kilómetros cuadrados. De cumplirse el compromiso del Ejecutivo, ninguno de estos bloques podrá ser fracturado nuevamente”.
Roberto Ochandio, experto argentino en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking, criticó los lineamientos emitidos por la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) en 2017, durante el mandato de Enrique Peña Nieto: “El documento describe las obligaciones de los regulados (las entidades que realizan las exploraciones), pero no indica cómo se hará para asegurarse que se cumplan estas obligaciones, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones. Queda todo en manos de los regulados: monitoreo de operaciones, informe de los eventuales daños, protección del medio ambiente, impactos en la salud y el medio ambiente. En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a poblaciones afectadas”.
Sin haberse cancelado esa legislación, “las instituciones federales están obligadas a implementar estos deficientes lineamientos en los 26 bloques de hidrocarburos no convencionales”, por lo cual, la Alianza Mexicana contra el Fracking insiste que para materializar el compromiso de no permitir fracking “se requiere la prohibición expresa en nuestra legislación”.
En México, “la fracturación hidráulica comenzó a utilizarse el 26 de enero de 1996, en el pozo Jacinto-5, en Tabasco; antes de que terminara ese año, ya se habían fracturado otros 11 pozos adicionales, en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, que sumaban un total de 16 fracturaciones. Desde entonces y hasta principios del 2016 (corte de la información recibida de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2018), uno de cada cuatro pozos petroleros en el país (24.3 por ciento) ha sido fracturado hidráulicamente en algún momento de su vida productiva, es decir, que un total de 7 mil 879 pozos de los 32 mil 464 existentes han sido fracturados (CNH, 2018). Pero la intensidad en el uso de la técnica cambia en cada región, ya que un mismo pozo puede ser fracturado múltiples veces en su vida productiva”, señala el informe de Internet.
La fracturación hidráulica “normalmente ocurre al inicio, en la etapa de preparación (llamada ‘terminación’) del pozo, pero también puede ocurrir meses o años después de haber iniciado su producción, como parte de ‘reparaciones mayores’ cuando la productividad de un pozo disminuye”.
JJ/I