Desdén a la delincuencia

Jalisco no es tan prioritario para la Guardia Nacional.

La institución recién ha iniciado operaciones en Minatitlán y municipios cercanos en Veracruz, así como en cuatro regiones de la Ciudad de México.

Otras tres ciudades donde comenzarían los patrullajes e inspecciones de la nueva GN en estos días son Salina Cruz, Oaxaca; Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo, según las últimas declaraciones del presidente López Obrador.

Jalisco no está previsto en el arranque de esta policía militarizada que por ahora poco tiene de policía y mucho de militar. De las 266 coordinaciones territoriales que darán estructura inicial a la GN, 15 se hallan en este estado. Hay 150 de esas jurisdicciones que están previstas para implementar operaciones durante los próximos dos meses y hay territorios como Guadalajara, Tlajomulco o Colotlán que están en los focos rojos, pero no se ha dado a conocer exactamente cuándo ni cómo iniciará en ellos. “Gradualmente”, es la explicación.

Y es que todavía están en negociaciones asuntos muy específicos, como las instalaciones que ocuparán las fuerzas de seguridad en cada coordinación o la proporción de participación de las autoridades locales de seguridad.

Por lo pronto, al menos el caso de Minatitlán conduce a reflexionar qué tan improvisado es todo esto, porque una tragedia como el multihomicidio del 19 de abril, que costó la vida a 13 personas, fue un escenario reactivo para desplegar a los nuevos guardias nacionales. No fue una decisión estratégica ya agendada con antelación. Y el nivel de intervención en la Ciudad de México con 90 guardias en cada uno de los territorios ni siquiera catalogados como de altos índices delictivos refuerza la sensación de una maniobra mediática o al menos un laboratorio para hacer ajustes.

La Presidencia subestima a Jalisco sobre las dimensiones del problema. Sólo ocho de las 15 coordinaciones territoriales previstas están catalogadas como de alto índice delictivo. Pero los datos presentados desde diciembre están basados en las estadísticas de incidencia criminal con subregistros que maquilló la administración pasada, según la narrativa del gobernador Enrique Alfaro. Las características reales de la criminalidad son mucho más altas.

Por otra parte, la percepción de inseguridad que también es un factor para analizar el impacto de la delincuencia ha crecido casi de manera sostenida en las distintas zonas urbanas de Jalisco, según reveló el Inegi este mes.

Los homicidios se han recrudecido, a excepción de algunas semanas al inicio de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) y parte de las recientes Santa y Pascua. Las desapariciones desgarran las entrañas de nuestra sociedad y la morgue se satura de cadáveres sin nombre. El cártel hegemónico de la droga sintética, principalmente, nacido y radicado en Jalisco, mantiene control sobre las vidas de pueblos enteros doblegados y sometidos a deseos y caprichos de los capos.

El estado es uno de los primeros lugares en cifra negra, es decir, las personas no denuncian los delitos que sufren y esto podría ser más acentuado en esas comunidades remotas (y ni tan remotas) donde los problemas se resuelven ante el jefe criminal.

Quizás es mejor que no inicie apresuradamente operaciones en Jalisco una Guardia Nacional tan improvisada, que ni siquiera ha tenido tiempo de capacitar a sus integrantes en derechos humanos o el sistema de justicia penal acusatorio. A mí tampoco me entusiasma mucho una Guardia Nacional que no es civil. Pero ello no implica que el gobierno de México no esté desdeñando un poco a Jalisco. Y es un estado que tiene muchas carencias partiendo de los escasos y pobres policías con salarios bajos y mínimas prestaciones, con algunas excepciones.

@levario_j

da/i