Quinto Patio

El gobernador Enrique Alfaro anunció ayer en un video que firmó el decreto que convierte a El Bajío en Zona de Recuperación Ambiental y que se cuenta con un Programa de Recuperación Ambiental; puntualizó que “ya es una zona urbanizada”, de uso habitacional, autorizada en las administraciones municipales y estatal en 2009 y 2011; subrayó que no hay impedimento legal alguno para vender la Villa Primavera luego de que los tres juicios fueran desechados por el Poder Judicial del estado y señaló que los trabajadores pensionados no tienen por qué pagar “el abuso y el desastre” cometido en los edificios usados en los Juegos Panamericanos.

Contrario a lo declarado por el alcalde Pablo Lemus, el gobernador señaló que desde el 8 de febrero se iniciaron reuniones con el Ayuntamiento de Zapopan. “Nada de lo que hemos hecho en ese sentido se ha hecho a espaldas de la autoridad que tiene la responsabilidad constitucional en materia de ordenamiento territorial”. Exaltado, Alfaro reiteró que le dejaron “asuntos tirados” que resolverá, acusó que se ha estado “manipulando información”, indicó que las mentiras de sus adversarios le hacen lo que el viento a Juárez (bueno, no lo dijo así) y habló sin identificarlos de “cobardes escondidos tras complejas redes”. En síntesis: antes, todo eran chuecuras y daños; ahora, todo está bien. ¿Ok?

***

Cero y van ¿tres? Anotemos que ya perdimos la cuenta, pero al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, le aplicaron otro madruguete en el tema de la Villa Panamericana. Resulta que quienes pretenden comprarla, la empresa Green Life Capital, ya le están dando una manita de gato a las abandonadas instalaciones con miras a ofertarlas en el mercado inmobiliario; claro, sin que a la fecha haya ni un solo juicio ni permiso resuelto para tal paso, aunque el gobernador salió al quite y dijo que sí.

El alcalde no sabía que quienes están adentro del recinto, en teoría cuidado por la Fiscalía del Estado, son de Green Life Capital, ¿con permiso de quién? Nos lo imaginamos. Se supone también que hay patrullas de Zapopan como refuerzo a la seguridad de la Villa mientras se destraban los juicios, pero resulta que en un recorrido no se vieron por ningún lado. Algo huele mal. Alfaro asegura que todo está in-ma-cu-la-do.

***

Los accionistas de la empresa lechera Sello Rojo se encuentran en franco pleito luego de que a los hermanos Sergio, Roberto, Alfredo y Tomie González Uyeda se les impidiera ingresar a la planta debido a las medidas cautelares que dictó el juez séptimo de lo Mercantil Juan Pablo González, a solicitud de los hermanos Rubén Masayi González Uyeda e Hilda, con apoyo de Abraham, desde junio pasado. Tomie González Uyeda dijo que su hermano Abraham, quien dirigía la empresa, abusó de su responsabilidad y ahora aprovecha el poder político que le queda para despojarlos de su patrimonio. Acordémonos: Abraham González Uyeda fue secretario de Promoción Económica en Jalisco y subsecretario de Gobernación durante la administración del Felipe Calderón.

Los hermanos que denuncian el despojo dicen que esta obra es gracias a la corrupción que existe en el Poder Judicial y piden al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, y al gobernador Enrique Alfaro tomar cartas en el asunto. Anotemos que Masayi González Uyeda es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y se dice tras bambalinas que en la próxima reunión del consejo, en el mes de noviembre, para reelegir por un periodo más de un año a su representante, no saldrá ganador, así que comienzan a moverse desde ahora posibles relevos. ¿En qué acabará el conflicto por la compañía lechera más antigua de Jalisco y más importante del occidente del país?

[email protected]

JJ/I