La importancia del INE en la elección 2021

Durante la semana pasada, una diversidad de eventos marcó acentos distintos en la agenda nacional. Sin duda, uno que se mantiene por su estratégica importancia, pero que por su temporalidad parece decaer de la atención nacional, es el progreso que tiene la pandemia del Covid-19, que no por habernos familiarizado con su presencia no ha disminuido ni su letalidad ni su propagación. 

Por otra parte, un evento fuera de lo común lo constituyó el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que por la escala en la que se dio, el contexto en que se desarrolla y la sorpresa de las autoridades, definitivamente es uno de los puntos impostergables para su seguimiento. 

De igual forma, un tema que parecería que por tratarse de agendas futuras no sostuvo el foco de interés, pero que en unos meses podría generar puntos de tensión constitucional, es que el presidente haya planteado la posibilidad de tener una intervención activa en el proceso electoral 2021. 

El presidente dijo: “Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades”. Este señalamiento generó una ola de suspicacias respecto al papel que el presidente afirmó que tendrá, fuera del orden constitucional, en uno de los mayores procesos electorales trascendentales de 2021. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) constituye la institución constitucional creada, precisamente, para el desarrollo de los comicios electorales y, en caso de discrepancias, está el Tribunal Federal Electoral. El artículo 41 constitucional define el carácter del INE como “un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, autoridad en la materia y cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”. 

De esta forma, no hay un precepto que legitime que una autoridad, diferente de la establecida por la Constitución para los procesos electorales, actúe en vigilancia o simple intervención porque se trataría de una invasión de las facultades que establece la ley. 

A lo largo de los 30 años de existencia del INE (antes IFE), el país ha generado una dinámica de sostenimiento y reforzamiento de un órgano electoral: ciudadano y autónomo. Lo que se ha buscado es desterrar el esquema del sistema de partido-gobierno con la ausencia ciudadana que caracterizó el modelo del país, al menos hasta antes de 1990. En sus primeros 10 años de existencia, el proceso electoral que confirmó la relevancia de la institución fueron las elecciones del 2000, de las que resultó la primera alternancia en la historia mexicana moderna. 

La intervención de una autoridad distinta marca, definitivamente, un sesgo hacia alguna de las tendencias en juego y, tratándose de la Presidencia, la carga electoral es de mucho mayor peso respecto de la fórmula que representa.  

Tener el control de varios de los espacios de decisión como el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representando una sola línea política, en la que se encuentra mayoritariamente el Movimiento Regeneración Nacional, contar con el control de las principales instituciones de gobierno del país además de, claro está, el manejo presupuestal, constituyen elementos a considerar cuando se establece que se va a vigilar el proceso electoral, que estatutariamente está resuelto y no requiere de instancias diferentes al INE para su desarrollo y desahogo. 

El reforzamiento ciudadano del INE constituye un elemento sustancial en la consolidación del establecimiento de confianza institucional que busque generar certidumbre y que costó 70 años de construcción de una ciudadanía participativa y propositiva, respecto de la cual el Poder Ejecutivo pretende establecerse en un marco de superioridad. El desarrollo del proceso electoral que arrancará en septiembre tendrá muchos elementos que analizar además de los partidos políticos. 

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