Acusan que desarme se hizo sin justificar

El encargado de la Policía de Poncitlán, Gabriel Octavio Torres Bastida, aseguró que un mes antes del desarme de la corporación, realizado hace una semana, había acordado con el Consejo Estatal de Seguridad evaluar a sus elementos, pues la mitad no está acreditada. Ante este antecedente, cree que la intervención a la comisaría no se justifica.  

El mismo funcionario aceptó que no cuenta con evaluaciones actualizadas y echó la culpa a la pandemia de la situación, pues detalló que estaban por realizarle las pruebas cuando la contingencia sanitaria comenzó, lo que postergó el proceso. 

Tras el desarme del 31 de julio, la Secretaría de Seguridad precisó esta semana que la comisaría de Poncitlán cuenta con 117 policías; de ellos, 37 no están registrados ante el Consejo, 40 tienen vencidas sus evaluaciones, 20 están reprobados y ocho cuentan con exámenes, aunque están por vencer. 

Al ser intervenida la corporación, los elementos fueron trasladados al Club Desspeja para ser entrenados, en donde han sufrido tratos crueles y quemaduras por exposición al Sol, según Torres Bastida, quien detalló que en el sitio hay literas contiguas sin espacios adecuados. 

Para el mando policial la intervención en el municipio por parte de la secretaría fue un acto político relacionado con una acusación de policías estatales que reportaron que los municipales habían tratado de quitarles a un detenido el 20 de julio. 

El comandante mostró dos informes acerca de esa situación, según los cuales hay una denuncia contra agentes estatales porque ese día chocaron a un motociclista, lo corretearon, le dispararon y se lo llevaron en una camioneta sin identificarse ni informar su detención, por lo que en un primer momento se creyó que era una privación ilegal de la libertad. Los municipales acudieron y confrontaron a los estatales hasta que se dieron cuenta de que eran policías. 

El lunes, al informar los primeros resultados de la intervención, el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, presentó imágenes de botellas de licor almacenadas en un mueble de la oficina de Torres Bastida. 

En respuesta, el mando municipal aseguró que no es ilegal que guardara ahí las bebidas alcohólicas y justificó que eran regalos que recibía por el desempeño policial, los cuales guardaba para entregarlos en diciembre a los elementos de la comisaría. 

Pacheco Medrano también informó el lunes que la oficina de archivo de la comisaría estaba en condiciones sanitarias deplorables. Al respecto, Torres Bastida dijo que no hay presupuesto para tener mejores instalaciones. 

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