ATM, la prueba que no se pasó

En abril de 2019, cuando El Diario NTR Guadalajara dio a conocer las irregularidades en torno a la licitación del programa A Toda Máquina, el Sistema Estatal Anticorrupción decidió abordar la investigación, por primera vez, en conjunto. La intención era demostrar que se podía hacer una revisión sin que la mirada cayera sobre uno de sus órganos en particular. 

Así, en la primera sesión extraordinaria que celebró el Comité de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema se aprobó una revisión de la licitación LPL 01/2019 para el arrendamiento de maquinaria pesada, por el cual se pagarían a lo largo del sexenio 3 mil 634 millones de pesos. 

El acuerdo que se tomó implicaba que cada una de las instituciones que lo conforman, desde sus competencias, revisara el proceso de licitación. Dos años después, solamente la Contraloría del Estado y el Itei hicieron su trabajo. El resto de las instituciones encontró una manera para deshacerse de la responsabilidad. Fue evidente que no quisieron molestar al gobernador Enrique Alfaro. 

En las primeras declaraciones que hizo el gobernador sobre este tema aseguró que había ordenado que la Contraloría abriera una investigación para demostrar que todo estaba en orden. Es decir, su intención nunca fue que se revisara realmente y, en caso de encontrar irregularidades, se actuara en consecuencia. 

La investigación se abrió, pero lo que se encontró fue que la licitación fue irregular, que dos funcionarios de la Secretaría de Administración, los directores de Abastecimientos y de Comité de Adquisiciones, Luis Arturo López Sahagún y Raymundo Andrade Beltrán, respectivamente, cometieron faltas graves en el proceso; que la empresa Avancap hizo trampa y se le permitió, para que al menos hubiera dos competidores, y que el secretario de Administración, Esteban Petersen Cortés, incurrió en conflicto de interés porque no notificó que su tío, Juan Jaime Petersen Farah, era apoderado legal de la empresa Operadora de Servicios Mega, que ganó la licitación. 

Ante una solicitud de información de este diario, la Contraloría estatal reservó por cinco años el informe, pero por una orden del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itei), finalmente lo entregó. 

Pero solo la Contraloría y el Itei cumplieron. Los resultados de la revisión se enviaron al Tribunal de Justicia Administrativa que utilizó un tecnicismo para no entrar al fondo del asunto y resolver con un análisis de forma, señalando que se debía cuidar la presunción de inocencia de los funcionarios y de la empresa Avancap. 

El resto de las instituciones que conforman el sistema, entre las que están la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ni siquiera se pronunciaron. 

La importancia de que este caso en particular se abordara de manera conjunta era que, por tratarse de un programa del gobierno del estado, no hubiera solo un funcionario responsable de la investigación. Al no hacerlo, se deja en condiciones de vulnerabilidad a la contralora María Teresa Brito, cuyo jefe es precisamente el gobernador Enrique Alfaro. 

Hasta ahora, más allá de los avances en la legislación y en la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, éste no ha mostrado su utilidad. El Tribunal de Justicia Administrativa cambió de nombre, pero no de prácticas, mientras que la fiscalía anticorrupción se ha prestado más bien a ser instrumento de golpeteo político y sus resultados son nulos. 

Por su parte, el Comité de Participación Social ha guardado silencio ante los temas en que su postura sería indispensable, lo que en conjunto hace que tengamos un sistema anticorrupción de vanguardia, pero que todavía no sabemos para qué. 

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