Mejor actitud, misma crisis

El reclutamiento y la desaparición forzada de personas, las fosas clandestinas y la crisis forense forman una sola cadena que sigue atendiéndose de manera aislada y deficiente y que, por más que el gobierno del estado muestre una actitud distinta a la de la anterior administración, si no se revisa de manera integral seguirá sin resolverse.

El miércoles de la semana pasada el gobernador Pablo Lemus Navarro tuvo un gesto importante, al enmendar la página a la Fiscalía del Estado y ofrecer una disculpa pública a los familiares de cuatro jóvenes desaparecidos en 2010. El mandatario se dirigió a Natividad Guerrero, una de las primeras buscadoras del estado y madre de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, quien desapareció junto con su pareja Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina.

A diferencia del fiscal Salvador González de los Santos y del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, quienes se rehusaron a utilizar la palabra “disculpa” en una ceremonia celebrada el 14 de agosto pasado para cumplir, como si fuera un simple trámite, con la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobernador fue claro: “Venimos a ofrecer una disculpa pública y sincera por las omisiones, por la falta de respuesta, por la injusticia que desde hace 15 años ha marcado su vida y la de muchas familias más”.

Agregó que “ninguna disculpa borra el dolor ni regresa el tiempo, pero sí puede abrir un nuevo camino”.

Desde que comenzó su gobierno, Lemus Navarro aceptó reunirse con los colectivos, admitió la crisis que vive el estado con la desaparición de personas y fortaleció a las instituciones encargadas de atender este tema. Sin embargo, la parte operativa sigue registrando graves fallas que el mandatario debe detectar y enmendar, antes de que al igual que su antecesor, el problema se le escape de las manos.

Porque a pesar del cambio de actitud, la crisis no se ha reducido. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco sigue siendo líder nacional. De las 133 mil 835 personas en todo el país, 14 mil 998 corresponden a la entidad, según el corte al 29 de septiembre. Es decir, solo la entidad, con todas las deficiencias que ha habido en el reporte de datos al registro nacional, tiene 11.2 por ciento de los desaparecidos del país.

A esto se suma la aparición de fosas clandestinas y sitios de ejecución que muestran la gran tragedia, como el predio de Las Agujas, en Zapopan, y el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

El otro eslabón de esta cadena que cargan los jaliscienses es la crisis forense. El 11 de septiembre pasado el periodista Lauro Rodríguez publicó en este diario la información del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que informó que ya son más de 11 mil cadáveres y segmentos humanos sin identificar en los diferentes espacios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Trabajadores de la institución aseguran que se repiten fallas con la contratación de personal no capacitado y en áreas que no son para atender la carga laboral.

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