¿Un Poder Judicial autónomo?

Cualquiera que conoce la forma en que funciona el Poder Judicial local sabe que los últimos siete han sido sus peores años. El control político siempre ha existido y con él los favores para que se resuelva en algún sentido, pero en los últimos años lo que era la excepción se volvió la regla. Los asuntos, sin importar la materia, se “monetizaron”.

¿Cómo llegamos a estas condiciones? Desde que Movimiento Ciudadano asumió el gobierno se entregó el control de la Oficialía de Partes. Eso permitió conocer los casos desde que llegaban y a partir de ahí medir las ganancias que podían generar. El Diario NTR Guadalajara publicó una investigación al respecto, que incluyó una revisión de decenas de movimientos de jueces, que eran enviados a juzgados, ya sea para que emitieran alguna resolución que se necesitaba o porque estorbaban.

La intervención del Poder Judicial en la pasada administración se hizo a nombre del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez. ¿Era él quien daba las órdenes? No se puede asegurar. Lo cierto es que quienes daban indicaciones a los jueces y magistrados eran sus colaboradores cercanos.

Por eso la reforma al Poder Judicial en Jalisco tendría que ser un punto de quiebre. El problema es si los políticos, en el gobierno y desde la oposición, lo permitirán.

El debate formal está por comenzar. Después de que Movimiento Ciudadano (MC) mantuvo este tema en la congeladora, los legisladores de oposición armaron un bloque que entregó una propuesta, a la cual ya se dio la primera lectura. Esto significa que ya podría someterse a votación en cualquier momento, aunque el problema es que se requiere mayoría calificada y nadie la tiene.

Por su parte, MC entregó su propuesta, respaldada por el Poder Ejecutivo y por algunos de los participantes en los foros de consulta que organizó el gobierno del estado.

Las diferencias entre las dos posturas tienen que ver, en primer lugar, con el procedimiento que se seguirá para la integración de los candidatos que irán a la elección, donde la intención de las dos partes será, sin lugar a dudas, tener la mayor injerencia posible.

La oposición quiere que haya una sola evaluación, que sea aplicada por una institución nacional. Esto, para evitar que los exámenes se filtren. Prevén también que se use la tómbola, aunque solo para casos de empate o para garantizar la equidad de género.

La propuesta naranja solo habla de evaluación, pero con la intervención de instituciones locales, lo que les permitiría tener un mayor control del proceso y, posiblemente, de quienes serán candidatos.

Parece casi imposible, pero lo ideal sería que ambas posturas apuntaran a integrar un Poder Judicial con autonomía y libertad jurisdiccional. Eso es lo que necesita Jalisco para salir de la crisis que hay en la administración de justicia.

Quienes defienden la “tómbola”, aseguran que el momento en que la colocó la oposición podría ser una buena opción para, una vez que se garantice que están los mejores perfiles, ya los políticos no puedan decidir. Sin embargo, ese método solo se emplearía, como ya mencioné, en casos específicos.

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