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Rompiendo
Ley Telecom
Agosto será cuando los ciudadanos mexicanos y avecindados en Jalisco tendremos la oportunidad de atender dos consultas públicas. La primera sería para saber el destino de cinco ex presidentes y la segunda para cuestionar el pacto fiscal.
Estos mecanismos de democracia directa no son nuevos. Me considero un entusiasta de este tipo de ejercicios porque me parecen fundamentales para demostrar nuestra salud cívica.
En América Latina hay países con una tradición tan rica en consultas y referendos como Uruguay o Colombia. En Estados Unidos, a nivel estatal, es una herramienta muy poderosa. Francia seguramente es la guía antigua y moderna en cuanto a participación pública directa.
Es posible que el último gran hito fue el famoso Brexit. Tras un referéndum, 51.9 por ciento de los votantes del Reino Unido apoyaron abandonar la Unión Europea. Las huellas de esa polémica decisión de junio de 2016 todavía se discuten… y se sufren.
Es verdad que en nuestro terruño apenas están emergiendo estas herramientas y viven una infancia inocente y berrinchuda. Enrique Alfaro Ramírez las promovió cuando era presidente municipal de Tlajomulco como ratificación de mandato y barrió en 2011. Fueron emitidos entonces 17 mil 952 votos que representaron apenas 10 por ciento del listado nominal.
Antes de ser presidente, en octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador consultó a la población sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (entre otras cosas). Apenas 1.22 por ciento de la población participó y los que lo hicieron confirmaron la idea de AMLO de tumbar ese proyecto.
Con estos antecedentes, hoy estamos ante el desarrollo de sendas consultas que hacen sonrojar a los expertos en teoría política y casi a cualquiera con algo de sentido común.
Primero, lo local. En su batalla personal y política, Alfaro emprendió una serie de críticas sobre la retribución que hace el gobierno federal a los impuestos que salen de Jalisco. Con ese pretexto, emprendieron una serie de consultas a notables que concluyeron con una pregunta que personifica el eufemismo: “¿Estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados?”. La respuesta de los participantes es binaria: sí o no.
Después de meses de discusión, el sondeo quedó tan descafeinado que casi no expresa nada. Al final van a consultar a la población sobre una labor que ya tienen los diputados locales sólo por existir. Por si fuera poco, el momento es fatal: estamos a unas semanas de que los legisladores electos el pasado 6 de junio tomen su cargo. La cercanía del evento les da toda la legitimidad para decidir sobre el pacto.
La pregunta carece de lógica. Suponiendo que quiero que se mantengan los convenios actuales la respuesta es no. Pero los diputados, con la pregunta aprobada, no lograrán identificar si los votantes quieren nuevas condiciones o cancelarlos para siempre.
Esto sin considerar el insultante costo que tendrá operar las urnas electrónicas del IEPCJ.
En la nacional la pregunta contra los ex presidentes es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Es tan ridícula que sobran las palabras. Quitaron a los ex presidentes de la ecuación y dejaron una interrogante con respuesta obvia: es tanto como preguntarnos si queremos que se investigue a un delincuente. ¡Dah!
Twitter: @cabanillas75
jl/I