Siapa: siete mil millones perdidos y nadie en la cárcel

Una visita organizada por un diputado terminó en sorpresa para la comitiva de reporteros que acudimos al Reclusorio Preventivo en Puente Grande. Era 2014, en los primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval. La intención era revisar las condiciones del penal. Tras más de tres horas de recorrido, y justo al salir, mi compañera Rosario Bareño, de El Occidental, lo vio primero. Todos corrimos tras él: Rodolfo Ocampo, titular del Siapa en el sexenio de Emilio González, vestido con uniforme caqui, caminaba tranquilamente en el área de burócratas acusados por delitos de cuello blanco.

El caso de Ocampo fue conocido: detenido por ser el principal responsable del supuesto desvío de más de mil millones de pesos del programa Todos con Agua, que buscaba dotar de agua potable y drenaje a las colonias periféricas de la metrópoli. Escueto en sus declaraciones, el hoy ex funcionario nos dijo confiar en su inocencia y en salir pronto de prisión. Y así fue: en octubre de 2016 quedó en libertad por falta de pruebas. Apenas tres años recluido.

El caso sigue impune. El dinero está perdido y las finanzas del Siapa siguen ahorcadas.

Mientras tanto, la embestida por aumentar las tarifas del Siapa a la población se mantiene en el Congreso. La semana pasada, en el salón de ex legisladoras, el actual titular del organismo, Antonio Juárez Trueba, soltó una declaración inquietante: “El derecho humano al agua no es regalar el agua, es tener un sistema robusto para que no falle el derecho. Si falla el sistema, perdemos el derecho humano”.

Minutos después, ante preguntas de legisladores, llegó la confesión: de los 17 mil millones de pesos de cartera vencida que heredaron al inicio de esta administración, 7 mil millones ya se perdieron porque los cobros prescribieron. Nadie fue capaz de cobrarlos adecuadamente. Todavía están en el limbo 10 mil 600 millones de pesos que podrían recuperarse.

No hay mecanismos efectivos para el cobro. La ineficiencia institucional persiste. Como el dilema del huevo o la gallina, la ciudadanía se pregunta si debe pagar primero o esperar a que mejore la calidad del servicio. Porque si el agua no es gratis, tampoco se garantiza que pagando saldrá agua de la llave.

El dinero ya perdido equivale casi al costo total de un segundo acueducto desde Chapala. O, peor aún, podría haberse destinado a remediar las inundaciones crónicas en el sur de la ciudad, ampliando el vaso regulador de El Deán, donde los vecinos pierden su patrimonio año tras año.

No cabe duda de que Rodolfo Ocampo fue una vendetta del gobierno tricolor, tras el fracaso electoral de Emilio González y su grupo en 2012. Pero eso fue hace más de una década.

Hoy el gobernador se llama Pablo Lemus. Su administración, urgida de recursos, tiene la oportunidad de hacer un corte de caja. No basta con administrar las inercias del pasado: urge una revisión profunda al Siapa y a quienes lo han saqueado desde dentro.

Porque si ya hubo alguien en la cárcel, ¿habrá alguien tras las rejas por estos siete mil millones perdidos?

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