El Congreso tiene una deuda con víctimas de tortura

A casi ocho años de la deuda del Congreso de Jalisco para crear la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, la Comisión de Puntos Constitucionales presentó una propuesta de iniciativa para reformar la Constitución Estatal.

Sin embargo, Denisse Montiel, codirectora del Eje de Tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), ha señalado que el proyecto requiere ajustes significativos para ser realmente funcional. Actualmente, los diputados se encuentran en la segunda lectura y votación del dictamen, sobre el cual Cepad ha presentado observaciones cruciales.

Entre las preocupaciones más importantes, el Cepad destaca que el dictamen omite delitos fundamentales contemplados en la Ley General de Tortura, como los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la omisión de las autoridades al conocer actos de tortura. Además, se permitía la investigación de delitos bajo otras legislaciones, lo cual es problemático dado que la única ley que define la tortura en México es la Ley General. Era imperativo precisar que la Fiscalía solo investigara el delito tal como lo establece esta ley, evitando la ambigüedad con tipificaciones locales que no están armonizadas, como el delito de abuso de autoridad, bajo el cual se han ocultado actos de tortura.

Otra inquietud central radica en la ausencia de mecanismos que aseguren la participación de víctimas, académicos y sociedad civil en el proceso de elección del o la titular de la Fiscalía y en la armonización legislativa. Esta falta de participación es fundamental para garantizar la autonomía de la institución.

Adicionalmente, el aspecto presupuestal es un obstáculo considerable; actualmente, solo se han destinado 2.5 millones de pesos a la investigación de este delito, lo cual es insuficiente para una investigación adecuada y para cubrir las necesidades de infraestructura y personal, facilitando la impunidad.

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