Quinto Patio

Si la justicia, cuando llega, es lenta, las legislaturas locales también, sobre todo en algunos temas. Al menos así ocurrió con el Congreso del Estado, que hasta ayer aprobó una reforma a la Constitución local que crea la fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura. Miren que tardarse ooooooocho años y eso que los reconvino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las pasadas legislaturas actuaron como si en Jalisco no existiera la tortura. Bastaría con que se escribiera una crónica fidedigna de la finca usada durante años como sitio de detención ubicado en las avenidas Conchitas y Cruz del Sur, donde se cometieron numerosos actos de tortura… entre otros muchos lugares.

La cosa es que la Ley General en Materia de Tortura, aprobada en 2017, obligó a los estados a crear fiscalías especializadas en un plazo de 90 días. Solo que Jalisco no lo hizo. Porque de que hay diputados y diputadas expertos en ra-len-ti-zar la hechura de leyes, los ha habido y los hay. A la orden de la Corte, dada en enero del año pasado, poco caso le hicieron en la legislatura pasada. Lo grave es que las torturas continuaron. Hay cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la propia Fiscalía que revelan esa práctica monstruosa, sin que hasta 2023 hubiera sentenciados con sanción. Eliminar la tortura como práctica institucional es urgente.

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Jalisco no sólo es el estado con más personas desaparecidas del país, sino que es la entidad donde hay más riesgos para las personas buscadoras, ya que se han registrado asesinatos y desapariciones de buscadores, como reveló el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México, integrado por más de 90 colectivos de 25 estados de la República y de tres países de Centroamérica, acompañados por cerca de 40 organizaciones civiles. El estudio se llama Diagnóstico de Seguridad para Colectivos de Familias de Desaparecidos en México.

En relación con los peligros que enfrentan las familias buscadoras jaliscienses, anotemos que durante la sesión plenaria del Congreso del Estado ayer se acordó exhortar a la Secretaría General de Gobierno a que aplique medidas urgentes de prevención y protección para salvaguardar la integridad de personas defensoras de derechos humanos, del territorio y de familias buscadoras. La gravedad amerita una respuesta oficial que escuche a colectivos, instituciones y especialistas.

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Para fortalecer el financiamiento constitucional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con recursos del Estado y la Federación, el gobernador Pablo Lemus Navarro; la rectora general, Karla Planter Pérez, y su antecesor, Ricardo Villanueva Lomelí (que reapareció), ahora como subsecretario de Educación Superior del gobierno de México, firmaron un convenio de colaboración. Buena noticia para la casa de estudios.

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La diputada Itzul Barrera presentó una iniciativa de reforma para prohibir la reelección inmediata en cargos de elección popular y erradicar el nepotismo dentro de la administración pública en Jalisco, con entrada en vigor a partir de 2027. Lo que busca es armonizar la legislación estatal con la reforma constitucional federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. De aprobarse, más de un legislador o ex legislador podría retorcerse.

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Dos días y contando para la inédita elección judicial del primero de junio.

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