Quinto Patio

En Jalisco continúan al alza las desapariciones, pero las autoridades responsables de llevar ante la justicia a quienes son policías y presuntamente participaron, parecen como quienes, valga el símil, con ojos vendados tiran palos de ciego para tumbar piñatas. Pegan algún palazo, pero la piñata nomás no se abre, ni se cae. Se tienen casos concretos de policías que son investigados y que por su supuesta complicidad los detiene la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, pero no puede demostrar que cometieron delitos y acaban libres.
Hay casos en que las pruebas presentadas por la Vicefiscalía son endebles y el juez ni las toma en cuenta. ¿Falta de experiencia, personal, capacitación, recursos o qué de los agentes y ministerios públicos? Liberar a un policía que se supone debería proteger a la sociedad, pero que actúa en contra de ésta, tiene un efecto pernicioso en la impartición de justicia. Además de que pone en entredicho a las instituciones.

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En marzo de 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación general 3/2018, como respuesta al incremento de desapariciones en el estado, que en ese momento ocupaba el tercer lugar a nivel nacional. La recomendación fue dirigida a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a la Fiscalía General del Estado; al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a los 125 ayuntamientos.
A más de siete años, ¿qué ha sucedido con el cumplimiento de las recomendaciones? Las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo registran un avance de 86 por ciento, con 30 puntos recomendatorios cumplidos, y el resto cumplidos parcialmente o con avances en el cumplimiento, y 16 ayuntamientos es hora que no se han pronunciado aún sobre la recomendación, informa la CEDHJ. El avance a paso de tortuga es un reflejo de localización de los desaparecidos.

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La lógica en las contrataciones del gobierno estatal parece que es al estilo Siapa: te contrata el Siapa, pero no laboras en el Siapa, sino en otra dependencia a la que, se asegura, fuiste comisionada (Castro, dixit). Igual sucede con la ex alcaldesa de Tlaquepaque María Elena Limón: la contrató la Secretaría de Administración, pero no trabaja en dicha dependencia, sino comisionada en la Secretaría General de Gobierno, como reconoció el titular de ésta, Salvador Zamora Zamora. En ambos casos, su contrato ha sido opaco, ocultado, casi secreto de Estado.
Zamora Zamora sostuvo que la ex diputada federal de Movimiento Ciudadano tiene “gran capacidad de cabildeo”; no sabemos si eso influyó para que continuara en la nómina del erario, como sucede con quienes buscan reacomodarse si se quedan sin chamba. Con un sueldo superior a 73 mil pesos mensuales, cualquiera diría que ocupa un cargo relevante, pero no aparece en el directorio (https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/directorio). Total, asegura el secretario general de Gobierno que el caso de la ex edil no es de cuotas, ni de cuates, sino de experiencia y capacidad. Ah.

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Hoy es Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Hoy se organizan en México diversas marchas de colectivos de familias de personas desaparecidas; en Guadalajara parten a las 8:30 horas de la Glorieta de las y los Desaparecidos rumbo a palacio de gobierno.

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GR