La Suprema Corte de EE.UU. desestima demanda de México contra fabricantes de armas

La Suprema Corte de Estados Unidos desestimó este jueves, de forma unánime, la demanda interpuesta por el gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, en la que se les responsabilizaba por facilitar el tráfico de armas que termina en manos de los cárteles del narcotráfico.

La decisión representa un duro revés para la estrategia legal mexicana, que buscaba reclamar miles de millones de dólares en daños y perjuicios, argumentando que las armas producidas en EE.UU. están alimentando la violencia en su territorio.

La jueza Elena Kagan, en nombre del tribunal, escribió la opinión mayoritaria en la que se explicó por qué la demanda no puede avanzar bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que blinda a las empresas del sector frente a ciertas acciones legales.

“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos”, sostuvo Kagan. Aunque reconoció que “algunas de esas ventas tienen lugar” y que “los fabricantes saben que sucede”, precisó que el reclamo no cumple con los requisitos para activar una excepción de la PLCAA.

Según el fallo, solo pueden prosperar demandas si se demuestra que los fabricantes participaron activamente en una violación de la ley “como algo que deseaban llevar a cabo y buscaban que tuviera éxito”. En este caso, señaló la Corte, no se presentó tal alegación.

La demanda, interpuesta en 2021, se convirtió en un símbolo del esfuerzo del gobierno mexicano por cambiar el enfoque sobre la violencia fronteriza, señalando el papel que juegan los productos estadounidenses en el fortalecimiento del crimen organizado.

El fallo llega en un momento particularmente tenso en la relación bilateral. El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la presión sobre México para que refuerce el control migratorio y el combate al tráfico de drogas. La demanda, en ese contexto, se interpretó como una respuesta que invertía el foco: responsabilizar a EE.UU. por uno de los flujos ilegales más destructivos de la región.

Con esta resolución, los fabricantes de armas mantienen su inmunidad legal bajo la ley federal estadounidense, mientras que México deberá considerar nuevas vías, diplomáticas o legislativas, para hacer frente al tráfico ilícito de armamento que impacta directamente su seguridad interna.

GR