Persisten desafíos sobre aborto tras despenalización 

Activistas y expertas en derechos reproductivos se reunieron en el Congreso local para evaluar a casi un año de la despenalización del aborto los avances y los desafíos que aún enfrenta el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo. 

Señalaron que pese a la apertura legal persisten barreras de información, institucionales y económicas que limitan su ejercicio pleno, sobre todo para personas en zonas rurales, jóvenes o en situación de vulnerabilidad.

El foro, titulado Justicia reproductiva: acompañando el derecho a decidir, contó con la participación de Patricia Ortega, psicóloga y doctora en metodología de la enseñanza, y Verónica Correa, activista y cofundadora de la colectiva Me cuidan mis amigas, quienes compartieron su experiencia directa con personas gestantes que buscan ejercer su derecho a decidir. 

Ortega destacó la diversidad de usuarias y usuarios que recurren a los servicios de acompañamiento, señalando que “no solamente son mujeres, también son personas gestantes de distintos contextos sociales, educativos y económicos, algunas con acceso a información y redes de apoyo, otras completamente desinformadas y con miedo”.

Ambas ponentes coincidieron en que la legalización del aborto, aunque histórica y celebrada, no garantiza por sí sola un acceso pleno y seguro. Ortega enfatizó que la despenalización debe ir acompañada de difusión clara de los derechos, capacitación adecuada del personal de salud y eliminación de barreras económicas y geográficas, especialmente para personas jóvenes, indígenas y habitantes de zonas rurales. 

Por su parte, Verónica Correa narró experiencias que evidencian fallas y resistencias institucionales persistentes. Relató casos en los que personas gestantes, incluso cuando cumplen con los criterios legales para acceder a un aborto, enfrentan demoras, requisitos innecesarios o maltrato por parte del personal médico. 

Entre las principales fallas en torno al aborto identificadas durante el foro se mencionaron la falta de claridad en los protocolos para abortos electivos y por causales, así como la poca difusión de la información sobre el derecho a abortar.

Otro pendiente es la formación insuficiente del personal de salud, pues muchas veces llega a los hospitales sin capacitación para realizar procedimientos seguros y respetuosos.

UDEG ANUNCIA REFLEXIÓN 

El Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció que el próximo 30 de septiembre realizará la Jornada de reflexión: a un año de la despenalización del aborto en Jalisco.

La actividad incluirá actividades académicas y culturales con el objetivo de analizar los avances, retos y pendientes en el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la entidad.

La jornada incluirá conferencias, paneles y actividades programadas a partir de las 9 y hasta las 19 horas en Casa Zuno, ubicada en avenida Unión 2226, en colonia Americana..

Plantean una interrupción plena, gratuita y universal

A casi un año de la votación que despenalizó el aborto en Jalisco hasta las 12 semanas de gestación, la diputada Mariana Casillas Guerrero presentó este miércoles una iniciativa de reforma para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera plena, gratuita y universal en el estado. 

La propuesta plantea eliminar totalmente el delito de aborto del Código Penal local y trasladar su regulación al ámbito de la ley de salud de Jalisco, con el objetivo de reconocerlo como un servicio médico de acceso universal y no como una conducta punible. 

Entre los principales planteamientos se busca reconocer el aborto como un servicio de salud público y gratuito; crear un capítulo específico en la Ley de Salud que regule el acceso en instituciones públicas y privadas; eliminar barreras administrativas y discriminatorias, y reconocer la autogestión como alternativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La reforma también pretende garantizar atenciones postaborto obligatorias aun cuando el procedimiento no se realice en el sistema público; establecer sanciones a quienes obstaculicen el acceso; crear un mecanismo de queja en la Secretaría de Salud, y asignar un presupuesto equivalente al 0.15 por ciento del gasto estatal en salud 2025 para su implementación. Miguel Ángel Vidal

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