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A 11 años
Justificación
El terremoto de 1985 en la Ciudad de México no solo marcó una de las mayores tragedias urbanas del país, sino que también dio origen a una narrativa política que aún perdura: un Estado ineficaz frente a la emergencia y una sociedad civil solidaria que ocupó el vacío. Sin embargo, esta versión dominante requiere matices, de acuerdo con Iván Ramírez de Garay, historiador del Colegio de México.
El investigador explica que, aunque la reacción gubernamental fue deficiente en las primeras horas –en gran parte por la magnitud del desastre y la desactivación del Plan DN3 para evitar un exceso de control militar–, posteriormente se desplegaron acciones significativas, aunque no centralizadas. La falta de coordinación entre agencias estatales dio pie a la percepción de lentitud frente a una ciudadanía volcada a las calles.
No obstante, Ramírez de Garay subraya un aspecto poco señalado: tras el sismo de 1985 el gobierno expropió terrenos en los barrios más afectados del Centro Histórico y, en un año, entregó 47 mil viviendas a familias damnificadas que antes rentaban. Un contraste marcado con el sismo de 2017, cuando en la zona de Tlalpan, tras tres años, apenas se entregaron 400 viviendas.
El historiador invita a una evaluación más equilibrada de la respuesta estatal: en 1985, además de la reconstrucción masiva, se restablecieron con rapidez servicios hospitalarios y se proveyó de alimentación a miles en campamentos. Esto abre la reflexión sobre cuánto ha cambiado la capacidad del Estado para enfrentar desastres y si, cuatro décadas después, ha perdido eficacia en proteger a la población más vulnerable.