El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) hizo un llamado al gobierno de Jalisco a publicar de inmediato la reforma constitucional que crea la fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura y a asegurar un presupuesto suficiente dentro del Paquete Económico 2026 para que el nuevo órgano cuente con verdadera autonomía técnica, operativa y financiera.
Durante una rueda de prensa desde el Congreso local, integrantes del Cepad acompañados por diputadas y diputados locales presentaron un análisis sobre el contexto de la tortura en Jalisco y los retos institucionales para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la creación de una fiscalía especializada independiente.
La organización señaló que aunque el Congreso aprobó este año la reforma constitucional en la materia, el decreto aún no se publica, lo que impide avanzar en la conformación del nuevo espacio institucional. Advirtieron que sin una definición presupuestal clara para 2026 la fiscalía podría nacer sin recursos ni condiciones para operar de forma efectiva.
A lo anterior se suma que Jalisco no cuenta con una sola sentencia condenatoria por tortura pese a tener más de mil 600 carpetas de investigación abiertas hasta diciembre de 2024. De esas, solo dos han sido judicializadas y casi 60 por ciento permanece archivada temporalmente. “Hablamos de un 100 por ciento de impunidad”, señaló Frida Hernández Sánchez, representante del centro.
La codirectora de Cepad, Denise Montiel Flores, apuntó además que la actual Dirección de Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Fiscalía del Estado (FE), no cumple con los estándares internacionales, pues carece de independencia y medios suficientes para investigar de forma efectiva. “No podemos pensar que la misma institución señalada por cometer actos de tortura sea la que los investigue”, dijo.
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