Al advertir una serie de irregularidades tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía del Estado (FE), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió la liberación y absolución de las siete personas manifestantes que están en prisión preventiva y de la séptima que también fue vinculada a proceso por los disturbios del 15 de noviembre.

La organización mencionó que la vinculación a proceso la otorgó el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz sin que existieran elementos contundentes como prueba. Por ejemplo, las personas detenidas lo están porque no hicieron válidos comprobantes de domicilio y en algunos casos la autoridad fue incapaz de confirmar la veracidad de los domicilios.

Por otro lado, la Fiscalía nunca presentó pruebas contundentes como videos y sólo presentó el informe policial homologado (IPH) y los testimonios de los policías que lo elaboraron. El Cepad alegó que el mismo informe estuvo viciado.

“En su Informe Policial Homologado (IPH) los 17 policías aprehensores reportaron haber detenido a las 40 personas, simultáneamente, a las 17:40 horas, y en tres lugares diferentes: afuera del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado, y en Plaza de Armas. Esto, además de ser inverosímil, se contrapone a lo observado en múltiples videos de medios de comunicación y de cuentas particulares de redes sociales, en los que se registra que los antimotines salen del palacio de gobierno pasadas las 18:15 horas, así como de acuerdo con testimonios de personas detenidas, que refieren que fueron aprehendidas en lugares y momentos distintos, como el interior de las instalaciones del Tren Ligero”, señaló el Cepad en un pronunciamiento.

Por todo esto la organización añadió que “afirmamos categóricamente que las detenciones, la retención prolongada y la imposición de prisión preventiva justificada fueron ilegales. También lo es la vinculación a proceso de Rogelio Alejandro N, Adrián N, Ricardo N, Felipe N, Juan Alejandro N, Josué Yair N, Héctor Gerardo N, y Jonás Emmanuel N, y la prisión preventiva justificada impuesta a los primeros 7 de ellos”.

Además, alertó que la liberación de las 32 personas no supone una absolución, pues la investigación continuará por seis meses, por lo que es necesario que se determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación iniciada por los hechos.

“Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por la actuación del gobernador de jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien de manera reiterada ha emitido discursos criminalización y xenófobos sobre el caso, ha violentado la autonomía del Poder Judicial y los derechos a la presunción de inocencia y a la no discriminación de las 40 personas detenidas”.

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