Hace unos días se reformó la Ley de Agua para Jalisco. Las reformas implican fortalecer y ampliar las competencias de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segia).
La innovación de esta institución consiste en: definir criterios para la inversión pública, elaborar indicadores de evaluación, integrar la información del agua en Jalisco y promover la sustentabilidad y la cultura del agua, así como la participación social.
En pocas palabras se trata de hacer una gestión integral y sustentable del agua. Lo que significa que la vanguardia de la Segia no vendrá mayormente de la tecnología de punta, sino de la organización social en torno a la gobernanza.
Esto respresenta un reto poco reconocido: la capacidad para que tanto la administración gubernamental (de todos los niveles), como los ciudadanos podamos desaprender lo que por muchos años hemos vivido en los sistemas de gestión del agua: dejar de mirarnos como proveedores o clientes de un servicio.
Los esquemas de administración prevalecientes del agua han conformado una cultura de uso individualista, discrecional, corrupto y carente de ética. Lo que implica reconocer tres aprendizajes sociales negativos a combatir:
1.Nuestra relación con el agua parece no ser social, sino subordinada a uso inmediato personal y discrecional. Lo que ha significado prácticas de derroche del agua y contaminación en todos los niveles.
2.Eso implica que no tengamos una concepción de cuenca desde el punto de vista ético. Ni la norma, ni la vigilancia y mucho menos la denuncia ha hecho que la sociedad de Jalisco se sienta responsable y se solidarice para detener y sacionar la contaminación y la amenaza de un megaproyecto en el río Santiago. La rentabilidad por encima del valor del agua ha dado crédito para que se burle la vigilancia y se busquen los sitios “recónditos” para esconder la contaminación, como si fuera posible.
3.Finalmente, no hemos aprendido a ver y menos exigir la salud del ciclo local del agua. Eso ha impedido cosecharla y defender las zonas de infiltración y manantiales.
Necesitamos aprender a cambiar. Es decir, aprender con la práctica, con los marcos legales y éticos para que especialistas y población generen información de la calidad y cantidad de agua. También para fiscalizar la transparencia y la interpretación de esa información. Además se requiere aprender a que la denuncia por contaminación tenga peso y que se aplquien sanciones materiales y sociales. Es necesario también aprender a reconocer la colectividad y la cooperación a que nos obliga el agua.
La renovada secretaría debe superar la visión de “sensibilización” para construir una participación social y una cultura del agua. Esto es, que la institución prepare el terreno público para innovar con mecanismos más vinculantes de participación ciudadana; proteger territorios y comunidades frente a megaproyectos; reconocer los saberes comunitarios e indígenas en la gestión del agua; fortalecer instrumentos de vigilancia y sanción por contaminación; y generar una dinámica de financiamiento para implementar las nuevas obligaciones legales.
Esperamos esta convocatoria para desaprender los vicios y para construir la sustentabilidad.
jl/I
