Se dice que una llave maestra abre todas las cerraduras. Sin embargo, no sería necesaria si no existieran candados imposibles de abrir. Así ocurre con la paridad de género en algunas instituciones de México: un derecho que, en lugar de garantizarse, parece enfrentarse una y otra vez a nuevas combinaciones de obstáculos.
Este año, la conversación sobre cuántas mujeres participarían en la contienda por las alcaldías de Jalisco pasó de promover una mayor representación femenina a generar una nueva forma de discriminación contra las propias mujeres. Después de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó que, para la próxima elección, sólo podrían registrarse candidatas en ocho municipios donde nunca ha gobernado una mujer, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco fue aún más lejos: resolvió que esas candidaturas debían recaer exclusivamente en mujeres indígenas, con discapacidad o pertenecientes a la comunidad LGBT+. En los hechos, esa decisión colocó un nuevo candado a la participación política de mujeres con amplia trayectoria y legítimas aspiraciones de gobernar.
La disposición excluía a mujeres que durante años han construido una carrera política sólida y reconocida. La impugnación era inevitable. El caso escaló hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la semana pasada corrigió el rumbo y devolvió la discusión al principio constitucional de la paridad: una representación equilibrada entre hombres y mujeres, sin imponer requisitos adicionales que terminaran por restringir derechos.
Lo ocurrido durante estos meses entre las autoridades electorales locales colocó a Jalisco en el centro del debate nacional, sin tomar en cuenta que la paridad de género ya es una realidad en constante evolución. Actualmente, 49 de los 125 municipios del estado son gobernados por mujeres, cifra sólo superada por el Estado de México, donde 54 de sus 125 alcaldías están encabezadas por mujeres. Aún no se alcanza el anhelado equilibrio del 50-50, pero los avances son evidentes.
México también vive un momento inédito: el país es gobernado por una mujer y otras 13 entidades federativas tienen una gobernadora al frente de sus administraciones. Además, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar entre sus países miembros en representación femenina en el Congreso, con un 50 por ciento de los escaños ocupados por mujeres -251 diputadas y 64 senadoras-, muy por encima del promedio de 34 por ciento registrado en el resto de las naciones de la organización. Estos avances son resultado de un marco jurídico que obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad en la postulación de candidaturas.
Entonces, ¿era necesario intentar acelerar ese proceso restringiendo los derechos de las propias mujeres? La respuesta es no. Es cierto que aún queda camino por recorrer: de los cerca de 2 mil 500 municipios del país, sólo 605 son gobernados por mujeres y apenas el 44 por ciento de las entidades federativas tienen una gobernadora. Sin embargo, la tendencia demuestra un avance sostenido. Según datos del Inegi, en 2016 apenas había 278 alcaldesas en México; una década después, esa cifra creció más de 117 por ciento.
Frida Kahlo decía que "el mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña que puede conquistarlo". La política, como muchos otros ámbitos, está llena de mujeres que han demostrado estar preparadas para hacerlo. Corresponde ahora a los partidos políticos abrirles el camino para que la paridad siga consolidándose en los más altos cargos de gobierno, sin que nuevas interpretaciones o decisiones terminen convirtiendo un derecho conquistado en otro candado por abrir.
jl/I
