No por motivos personales

En mi columna de la semana pasada mencionaba los peligros de la política de austeridad emprendida por el gobierno de la cuarta transformación (4T), en especial en el sector salud. No pasó ni una semana cuando estalló la bomba con la renuncia del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez. Si bien la suya ha sido la más estridente y pública (de carácter irrevocable por la forma), también lo han hecho Clara Torres, de la Secretaría del Bienestar, por desacuerdo con los recortes a las estancias infantiles; luego, en abril, Simón Levy renunció a la Subsecretaría de Turismo (“por motivos estrictamente personales”) y la semana pasada, Patricia Bugarín, subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (también por motivos personales).

Estas renuncias han ocurrido desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre del año pasado. Pero desde el período de transición han ocurrido otros cambios: quien estaba pensado para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, fue sustituido por el ahora canciller Marcelo Ebrard; el primero ahora preside la comisión respectiva en el Senado. Por su parte, Tatiana Clouthier renunció (“por razones familiares”) a dirigir la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación y optó por la diputación.

Es normal que en todo inicio de cualquier administración se den movimientos y reacomodos mientras el equipo de trabajo se asienta, aunque en ocasiones los motivos reales de las retiradas no se hacen públicos y la mejor justificación es “por motivos personales”, para mantener la imagen de unidad (también ha trascendido que tanto Ebrard como Alfonso Romo han entregado sus renuncias, aunque no han sido aceptadas). Sin embargo, la dimisión de Germán Martínez fue sorpresiva y polémica, en principio, porque la carta fue dirigida no al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino al Consejo Técnico del IMSS.

Sus argumentos son contundentes: “Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS… de esencia neoliberal”, y que los servicios que presta la institución es hacia las personas, no del personal. Que los ahorros en esa dependencia no pueden ser desviados para otros fines, lo cual significaría infringir la ley del IMSS, y el desvío de recursos también es corrupción gubernamental.

Aclara que el problema con los funcionarios de Hacienda es, además, la ausencia de diálogo, no con la compra de medicamentos; que la reforma pretendida para esta institución es “una remodelación cosmética”; en especial a la intención de dar la representación de la institución a los delegados estatales, no a los nombrados por el Consejo Técnico del IMSS, sino a los llamados súper delegados.

Entre estos está quien representa al gobierno federal en Jalisco, el ex candidato al gobierno estatal Carlos Lomelí Bolaños (¿será la próxima renuncia del gabinete?), quien en los últimos días ha sido evidenciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (https://contralacorrupcion.mx/), dado que sus empresas se ha visto beneficiadas con ganancias de cientos de millones de pesos con la venta de medicamentos al sector salud. Resulta lamentable la defensa que AMLO hizo de Lomelí al justificarlo, argumentando ser objeto de “grilla y de ataques políticos”.

Si bien admite el desabasto de medicamentos, aunque “estaba peor antes” y arremete contra el “hampa del periodismo” por divulgar los supuestos despidos del sector salud, pero no da su brazo a torcer.

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JJ/I