El batazo de Jaime Bonilla

En Baja California, el gobernador electo Jaime Bonilla, el Congreso y tres ayuntamientos dieron un batazo al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el periodo del morenista durara dos años y lo ampliaron a cinco.

En una sesión extraordinaria realizada por la noche, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) apoyados por la mayoría de los del Partido Acción Nacional (PAN) aprobaron la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, promovida por Víctor Manuel Morán. Echaron atrás lo dispuesto por la máxima autoridad electoral y de paso atropellaron un proceso democrático que se realizó para un gobierno de dos años.

El argumento, que ni quienes dieron luz verde se lo creen, fue el factor económico, es decir, no volver a gastar una millonada tan pronto, según cuenta Miguel Osuna Millán, el único de los 12 diputados panistas de Baja California que no dio su voto, como sí lo hicieron nueve de los miembros de su bancada; las otras dos optaron por no estar en la sesión.

Para Osuna Millán está muy claro que era un tema previamente acordado y considera que el caso es para investigar a fondo qué tipo de negociación hubo detrás.

La jugada de Bonilla ha desatado muchas voces en contra, empezando por la del presidente del PAN, que ya anunció que serán expulsados los legisladores que ayudaron a la bancada de Morena para tener mayoría, además de que el partido presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la modificación ilegal del texto constitucional de Baja California.

El coordinador de la fracción priísta en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, también señaló que los legisladores no sólo deben ser sancionados conforme a la ley, sino castigados al interior de sus partidos.

La coordinadora de los diputados perredistas, Verónica Juárez Piña, anunció que su partido también presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ilegal pretensión del Congreso de Baja California de ampliar el gobierno de Bonilla que, con el aval de tres de cinco ayuntamientos ya puede causar efecto.

Entre esas voces resalta la de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y ex aspirante a la Presidencia, quien se pronuncia por protestar de manera legal ante una vulneración del orden democrático que abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos en todo el país.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid dice que no publicará dicha reforma en el periódico oficial de la entidad y que afrontará cualquier consecuencia legal que pudiera generarse.

El panista subraya que a los candidatos, partidos políticos y ciudadanos les asiste el derecho de utilizar los instrumentos jurídicos existentes para manifestar su desacuerdo y enfrentar esta acción.

El problema es que sobre el gobernador pesa la sospecha por la cercanía con Carlos Montejo Oceguera, quien, justo en la misma sesión extraordinaria, fue nombrado titular de la Auditoría Superior del Estado, y es quien fiscalizará las cuentas públicas de 2017 a 2019 de Vega.

Así, lo que se intuye es una posible negociación entre Vega y Bonilla para designar a Montejo Oceguera.

Andrés Manuel López Obrador, quien a menudo expresa “nadie por encima de la ley”, se desmarca de lo que está pasando con un personaje que fue fundador de Morena, senador y uno de sus superdelegados.

El presidente asegura que no dio línea y que es asunto del Tribunal Electoral; sin embargo, aunque desestima las opiniones de que se está sentando un precedente nacional para otros atropellos, son muchas las voces que dicen cuidado con Bonilla.

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