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Crucificándose
Empiezan las campañas
La propuesta de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) para imponer un nuevo esquema tributario a los actores de la economía digital “busca socavar la inversión de Estados Unidos en el mercado de la tecnología de México y tiene el potencial de amenazar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC)”, advirtieron las industrias de Internet y telecomunicaciones estadounidenses en una carta fechada el 14 de octubre de 2019.
A través de distintas asociaciones de industria, los empresarios expresan su preocupación por una regulación que “afectaría desproporcionadamente a la industria estadounidense”, que de ser aprobada por el Congreso mexicano les obligaría a retener el IVA y el ISR.
En la carta, se solicita la urgente intervención del secretario de Estado, Mike Pompeo; del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; del representante comercial de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, y del principal asesor económico de Donald Trump, Larry Kudlow, para desalentar el avance del esquema tributario de México. La carta lleva copia marcada para los congresistas Nancy Pelosi, Mitch McConnell, Kevin McCarthy y Chuck Schumer.
La misiva está firmada por nueve asociaciones industriales que en conjunto representan los intereses de empresas tan variadas como Accenture, Airbnb, Alibaba Group, Amazon, Boston Consulting Group, BT, CloudFlare, Dish, Dropbox, eBay, Facebook, Google, Intel, LinkedIn, Lyft, McAfee, Microsoft, Mozilla, Netflix, PayPal, Plantonics, Polaroid, Postmates, Red Hat, Snap Inc., Spotify, Sprint, Stripe, TripAdvisor, Twitter, Uber, Verizon Media y Yelp.
Los firmantes son: ACT | The App Association; Computer & Communications Industry Association (CCIA); Computing Technology Industry Association (CompTIA); Consumer Technology Association (CTA); Engine
Internet Association (IA); Software & Information Industry Association (SIIA); TechNet, y Travel Tech.
Hacienda presentó en septiembre pasado una propuesta para imponer nuevas condiciones de tributación a los actores de la economía digital, que de ser aprobadas por el Congreso de la Unión entrarían en 2020, con margen de pocas semanas para el cumplimiento de operadores del comercio electrónico, proveedores de servicios de transporte o de servicios de video y audio en streaming.
La propuesta de Hacienda, contenida en los Criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes, y en una iniciativa para reformar las leyes del IVA, del ISR, del IEPS y el Código Fiscal de la Federación, contempla estas nuevas obligaciones para los operadores de negocios que ofrecen bienes de consumo y servicios y que residen en el extranjero: inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT; ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios, en forma expresa y por separado el IVA; llevar un registro de los receptores de sus servicios ubicados en el territorio nacional; proporcionar mensualmente al SAT el número de operaciones realizadas con receptores ubicados en territorio nacional, clasificado por tipo de servicios y su precio; calcular y pagar mensualmente el IVA correspondiente al mes del que se trate; proporcionar vía electrónica a sus clientes en México un comprobante de pago con el IVA separado, cuando lo solicite el receptor; retener a conductores, anfitriones y vendedores entre 2 y 8 por ciento del monto total de ingreso por concepto de ISR en lo que toca a empresas de transporte y entrega de bienes (aplica para Uber y Rappi, por ejemplo); entre 2 y 10 por ciento a quienes brinden hospedaje (aplica a Airbnb, por ejemplo), y retener entre 3 y 17 por ciento a quienes dan servicio de compra y venta de bienes (aplica a Amazon y Mercado Libre, por ejemplo); designar ante el SAT un representante legal y un domicilio para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones.
En caso de incumplimiento, Hacienda propuso la desconexión de Internet o bloqueo temporal de los operadores, algo que ha sido criticado por la industria y por distintas asociaciones de defensa de la libertad de expresión.
EN LA CARTA. A través de distintas asociaciones de industria, los empresarios expresan su preocupación por una regulación que “afectaría desproporcionadamente a la industria estadounidense”. ________________
JJ/I