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Pagando las cuentas
Mejor restar
El exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo representa una grave pérdida de eficacia en el instrumento más importante para la defensa de los derechos humanos en México: la Ley de Amparo.
Explicó que el cumplimiento de las sentencias de amparo dejará de depender de los jueces federales, que antes podían imponer sanciones, destituciones o incluso consignaciones a funcionarios que desacataran un fallo, y pasará a depender de la voluntad de la autoridad responsable, que podrá argumentar que no hay presupuesto o que es físicamente imposible cumplir la sentencia.
El exprocurador señaló que esta reforma también afecta a organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos, como las que han promovido recursos contra proyectos como el Tren Maya, ya que sin un daño directo y comprobable, no podrán interponer amparos.
Ignacio Morales Lechuga advirtió que esta medida restringe los derechos de los contribuyentes que mantienen litigios con el SAT, quienes ya no podrán suspender los cobros mientras se resuelve su caso, ni acudir al amparo para defender su posición.
Dijo que la nueva ley abre la puerta a la corrupción, al dejar demasiadas decisiones al arbitrio de los jueces, lo que podría generar resoluciones dispares y favorecer intereses particulares.
Advirtió que, con esta reforma, habrá menos amparos, con menor eficacia, y que muchos ciudadanos tendrán que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar justicia.
Aunque reconoció que la nueva ley establece un plazo máximo de 60 días para resolver los amparos, consideró que esa disposición no garantiza agilidad, pues no existe sanción alguna si no se cumple el plazo.
Finalmente, Ignacio Morales Lechuga afirmó que México ya vive un autoritarismo con máscara de democracia, donde los poderes Legislativo y Judicial obedecen al Ejecutivo, y comparó la situación con regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Concluyó que las consecuencias de esta reforma endurecerá la mano del Estado contra ciudadanos, empresarios y organizaciones, y que su aprobación marca una regresión en la historia jurídica del país.
GR