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Plan criticado
Posando para la foto
WASHINGTON. El gobierno presentará una apelación contra la decisión de un juez federal de impedir la expulsión de niños inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo, anunció esta madrugada el Departamento de Justicia.
La apelación será presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington.
La administración del presidente saliente, Donald Trump, busca revertir el fallo del magistrado Emmet Sullivan a favor de los menores no acompañados que eran sujetos a expulsión después que el Gobierno impusiera una normativa que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) expulsar a extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
En la orden, el juez advertía que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y ser llevados a refugios supervisados por el gobierno durante sus procedimientos de inmigración.
El fallo del juez Sullivan solo afecta a niños no acompañados, no a los migrantes adultos.
Según datos de la CBP, en septiembre pasado más de 48 mil inmigrantes fueron expulsados bajo la normativa en cuestión en la frontera sur con México.
El presidente electo, Joe Biden, que tomará posesión el próximo 20 de enero, ha prometido un giro en la agresiva política migratoria que ha aplicado la administración de Trump durante los últimos 4 años.
Esta semana, el ex vicepresidente demócrata designó a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de su futuro gobierno, quien de ser aprobado por el Senado, sería el primer latino en el cargo y estaría al frente de las políticas migratorias del país.
Por lo menos un niño migrante y una mujer que forman parte de un grupo de 28 menores y sus familias que han pasado más de un año y medio en detención dieron positivo a la prueba de Covid-19 en el Centro de Detención Familiar de Dilley, en el sur de Texas, lo que ha prendido la alarma entre grupos que los representan.
“Estos son dos de los casos que tenemos confirmados. No sabemos exactamente cuántos podrían estar infectados”, dijo Allison Herre, abogada del Proyecto Pro-bono Dilley, quien representa a las familias.
Indicó que por lo menos un niño de 8 años originario de un país centroamericano dio positivo esta semana en la prueba, lo mismo que una mujer que forma parte de las familias que se encuentran en peligro de deportación y a quienes se les ha negado el derecho de presentar sus casos de asilo.
Lo que más alarma a Herre es que, de acuerdo con los relatos de los migrantes, por varios días ellos pidieron asistencia médica debido a que el menor presentaba síntomas relacionados con el Covid-19, pero sus peticiones no fueron escuchadas hasta días después cuando dio positivo a la prueba.
Mientras tanto el menor estuvo en contacto con otros niños y adultos en el centro, lo que ha puesto en peligro de contagio a más personas. Ahora tras dar positivo, los contagiados se encuentran en cuarentena.
La semana pasada el grupo Aldea-Centro de Justicia Para la Gente y otras organizaciones denunciaron que 28 niños migrantes y sus familias han pasado más de un año y medio en detención en Texas y Pensilvania, y están en riesgo a ser deportados después que se venciera una orden judicial que los protegía.
OBJETIVO
FRASE
“Nuevamente nos damos cuenta de que las familias migrantes corren un gran riesgo en los centros de detención. Ellos no han traído el virus con ellos; alguien tuvo que traerlo de afuera y el centro falló en su deber de protegerlos”: Allison Herre, Abogada
jl/I