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Un México violento
Porque nos la quitaron
Quedó claro que en esta Sexagésima Tercera Legislatura no les preocupa engrosar la nómina, pese a carecer de recursos para pagarla; al contrario, la alientan algunos de sus coordinadores parlamentarios.
Desde hace meses, las bancadas parlamentarias tuvieron la oportunidad de poner candados para evitar que el personal que llega con ellos cumpla la antigüedad necesaria de tres años y medio para poder pelear la base definitiva debido a que cumplen con el criterio mínimo de antigüedad para recibir este nombramiento, según el artículo séptimo de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
La advertencia se dio por parte de la Secretaría General antes de que los empleados heredados por la anterior Legislatura cumplieran el mínimo de antigüedad, esto con el fin de lograr poner candados que evitaran esta dinámica de engrosar la nómina, pero el tema se hizo político y quedó en el olvido.
Esta falta de acuerdo fue intencional para dejar congelada la propuesta argumentando respetar los derechos laborales de los empleados, pero al mismo tiempo protegiendo al personal que heredaron de otros legisladores y también, quizás, curándose en salud por los que puedan dejar para próximas administraciones.
Por lo pronto, ya hay más de 18 personas que adquirieron la antigüedad mínima en esta Legislatura y si quisieran ya podrían estar demandando la base buscando una protección futura y manteniendo un trabajo permanente, aunque llegaron bajo un contrato temporal.
En este Congreso local está demostrado que las fuerzas políticas de Morena y PAN están a favor de no buscar poner candados para evitar que se genere la antigüedad, sino únicamente pronunciarse por una reforma a largo plazo para homologar el período de antigüedad mínimo al gobierno del estado, y no lo han hecho.
Y como es un tema político, ahora resulta que los legisladores estarían pensando en una reforma que sólo regule al Congreso local debido a que hay diferencias políticas en los ayuntamientos, y les preocupan los sindicatos.
Las últimas propuestas sobre el tema hablan de que hacer una reforma que sólo sea para el Poder Legislativo, aun cuando tienen este problema de engrosar la nómina también lo tienen los ayuntamientos porque también tienen reelección y podrían recibir demandas laborales para obtener nombramientos definitivos.
Este tema no es nuevo; se ha hablado públicamente del mismo por muchos actores e instancias, no obstante, la inacción de los legisladores se ha mantenido en los últimos tres meses y si nadie les recuerda el tema ellos no lo mencionan.
Por el momento, hay siete denuncias en la búsqueda de conseguir la base definitiva y hay diputados que consideran que deberían pedirles que las retiren, lo cual sería infructuoso porque el derecho ya lo tienen y sólo harían que el tema duerma el sueño de los justos para otras legislaturas.
Lo único que lograrían sería posponerlo hasta que concluya la actual administración dejando el problema para la próxima legislatura.
Los actuales diputados sólo quieren ganar tiempo para trasladar el problema, sin embargo, sería un acto irresponsable porque el problema se origina con ellos debido a que había iniciativas de reforma de sus antecesores para evitar que esta situación se diera y fueron omisos en resolverlo.
Incluso desecharon de manera tajante una propuesta de reforma legal que advertía del problema y decidieron dejarla junto con todas las que no hubieran sido dictaminadas por alguna comisión, y como este tema fue de los que le sacaron la vuelta se quedó en espera de ser analizado y ahora está desechado.
¿Cuándo habrá solución definitiva? Quizás cuando se alineen los astros y estaremos atentos para decirlo.
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jl/I