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Descarado
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En los tiempos de impunidad absoluta, donde la manipulación de la información y los discursos de negación e imposición de verdades oficiales forman parte de la cotidianidad, ¿existe una posibilidad de transformar esta realidad y garantizar el derecho a la memoria?
El derecho a la memoria en su dimensión individual y colectiva busca transitar hacia la reconstrucción del tejido social fracturado, abonando a la erradicación de las estructuras que han favorecido la comisión de atrocidades en el pasado, apostando a un futuro diferente. Conforme a los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, la memoria se entiende como “las formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar respecto de graves violaciones de derechos humanos”.
En México, la narrativa oficial en materia de derechos humanos se basa en un antes y un después. Esto se ha traducido en las afirmaciones de que el contexto presente ha sido heredado de las administraciones pasadas, y que actualmente ya no se cometen atrocidades, dejando de reconocer la continuidad y sistematicidad de las graves violaciones y la impunidad en la cual persisten. La construcción de la memoria no es “un borrón y cuenta nueva”, requiere un abordaje integral, manteniendo una relación estrecha con la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Frente a la práctica institucional del olvido y la crisis de violencia, los discursos públicos en torno a la memoria parecen parciales, incongruentes y populistas, generando riesgos de administrar las memorias desde arriba y reprimir la verdad. Sin duda, a esto se ha sumado el silencio, la pasividad y la permisividad de la sociedad y la ausencia de la memoria colectiva ante la normalización del contexto.
Este sábado, en el marco de diversos encuentros a nivel nacional, se llevó a cabo en Jalisco una discusión pública sobre la propuesta de ley de memoria, proceso promovido por el Comité de Impulso a la Memoria para la No Repetición de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. El objetivo de dicha ley es definir las responsabilidades del Estado en la materia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia y en el pasado más reciente, establecer políticas públicas, promover sitios de memoria, abonar al acceso a la información y esclarecimiento de los hechos, apostando al reconocimiento, preservación e institucionalización del derecho a la memoria.
Con las aportaciones de víctimas, representantes de las organizaciones civiles, colectivos y la academia se busca propiciar la construcción de una propuesta que recoja diversas experiencias, visiones y relatos. Si bien la apuesta ha sido realizar un proceso “participativo, plural e incluyente”, se ha observado un limitado involucramiento de las víctimas, quienes han tenido un rol fundamental en la lucha contra el olvido, lo que aún más demuestra la permanencia de la desconfianza en las autoridades. Es de suma relevancia crear mecanismos de diálogo más amplios y abiertos, y garantizar la máxima publicidad, inclusión y socialización del proceso.
Cabe mencionar que el documento propuesto requiere ajustes de fondo, de forma y ejercicios de clarificación de los conceptos y su metodología. Los mecanismos de memoria propuestos se han diseñado desde una perspectiva institucional, vertical y paternalista, sin claridad de los alcances de responsabilidades, sin reconocer el rol de las víctimas y considerar su participación integral en el proceso, sin mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y sin prever esquemas de descentralización para incorporar las experiencias locales. Esta situación representa un riesgo de generar verdades y memorias controladas y homogéneas, lejanas de la realidad.
A pesar de la enorme deuda histórica del Estado hacia las víctimas y la sociedad, parece que en México todavía no hay condiciones para un verdadero proceso de reconstrucción de la memoria. Sin embargo, siempre y cuando se coloque en el centro del proceso la dignidad, y exista una verdadera voluntad para escuchar y materializar lo compartido, la creación de la Ley de Memoria podría constituir una oportunidad en el camino hacia un futuro digno, justo y equitativo.
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