Quinto Patio

Jalisco concentró 20 por ciento de los 6 mil 252 cuerpos hallados de 2006 al 2023 en más de 4 mil fosas clandestinas detectadas en el país, según la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, a cargo de Artículo 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

O sea, que en promedio Jalisco extrajo uno de cada cinco cuerpos arrojados por los criminales a fosas ilegales. Claro, claro, es un dato que no escuchará del gobernador Enrique Alfaro en sus informes sobre lo requetebienchido que vamos en seguridad. Eeeeyyyyy.

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Escena 1. Martes 13 de agosto. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Romo, declara: “No limitamos el derecho, ni condenamos que ella (Citlalli Amaya) haga lo que crea conveniente. Hacemos el llamado público a que lo reconsidere. De acuerdo con lo que dijo el Tribunal, no le asiste la ley (a Citlalli)”. Es decir, le retira el apoyo a Amaya en su pelea por la alcaldía de Tlaquepaque.

Escena 2. Martes 13 de agosto. Más tarde, Citlalli Amaya enfatiza en redes sociales: “No nos rendiremos, continuaremos la lucha jurídica en la Sala Regional Guadalajara y, si es necesario, en la Sala Superior. La elección debe repetirse porque la voluntad del pueblo de Tlaquepaque merece ser respetada”. O sea, ni caso le hizo a Romo.

Escena 3. Jueves 15 de agosto: Frente a militantes de MC, diputados y alcaldes electos que participan en evento encabezado por el gobernador electo Pablo Lemus. En su discurso Manuel Romo cambió su postura: “Vamos a defender con todo a nuestra amiga Citlalli Amaya para que se haga justicia en Tlaquepaque”. Y, al tomar el micrófono, Lemus pide que suba Amaya, la recibe y le dice que cuenta con él para defender su triunfo. Se autocorrigió Romo y le corrigieron la plana.

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Y en más de Tlaquepaque, ahí continúan otras vencidas. Citlalli Amaya ha puntualizado que el gobierno municipal “no puede comenzar con los trabajos de entrega–recepción hasta que la última instancia resuelva en definitiva”.

En respuesta, la virtual alcaldesa electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, advirtió que el ayuntamiento saliente debe iniciar, por ley, el proceso de entrega-recepción a más tardar el primero de septiembre, y de no hacerlo, se estaría cometiendo un delito. Sigue, pues, el jaloneo post electoral.

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Ayer se presentó un diagnóstico sobre la situación que enfrentan los periodistas y defensoras de derechos humanos en Jalisco, en el que destaca la falta de confianza y de atención de las autoridades estatales ante los casos de violencia. De hecho, aunque la ley se publicó en 2016, nunca se ha echado a funcionar ni aplicado a un caso concreto.

En sí, los casos más delicados que hay han sido remitidos por la Secretaría General de Gobierno al mecanismo federal de protección, que tiene fallas. El ejercicio tomó en cuenta las experiencias e historias de periodistas y activistas, que relataron los problemas que enfrentan y cómo han tenido que resolverlos directamente, con sus redes familiares o de colegas.

Hablamos de un sexenio de intolerancia a la crítica, discursos alfaristas descalificadores y desinterés por realmente proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.

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