De cada cien cuerpos rescatados de fosas clandestinas en Jalisco, de enero a octubre de este año, 54 fueron exhumados en Zapopan. La ex villa maicera ocupa el primer lugar estatal en ese periodo de cadáveres recuperados de panteones ilegales. Uno de los sitios excavados por los asesinos, sin que supuestamente ninguna autoridad de los tres niveles se enterara, se localiza en el predio Las Agujas. Es la más grande localizada en el lapso referido. Ahí hallaron restos de 60 personas. Y podría aumentar el número de víctimas.
Los colectivos de buscadoras de Jalisco ya no piden justicia, no desean hallar a los culpables de los crímenes, solo imploran que les digan dónde está cada uno de los desaparecidos para que regresen a casa. Muchas ocasiones, dolorosas, los encuentran en fosas clandestinas.
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Luego de los disturbios de este sábado en la zona Centro de Guadalajara, cerca de las 23 horas el gobierno estatal envió el primer comunicado que tituló “Gobierno de Jalisco actúa con respeto a la manifestación y garantiza el orden público en el Centro de Guadalajara”. Aseguró que eran 47 los detenidos; algunos provenían de la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán; que aseguró objetos contundentes y un arma de fuego, y hubo 13 heridos. Y reiteró su compromiso con “el respeto a los derechos humanos, la libre manifestación y la preservación de la paz pública”.
Ayer, la Fiscalía del Estado precisó que son 44 los detenidos (40 adultos y cuatro adolescentes). La Secretaría de Seguridad de Jalisco los puso a disposición de un Agente del Ministerio Público; tres tienen antecedentes penales por agresiones a la autoridad y lesiones. Señaló que, “conforme a protocolo”, fueron identificados, registrados y valorados médicamente, bajo el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Agreguemos la otra cara de la moneda. Familiares de algunos de los 44 detenidos acudieron a la Fiscalía del Estado para exigir claridad en el proceso y denunciar que hay asegurados que no habrían participado en los hechos vandálicos. Por ejemplo, Cristina, madre de una joven de 29 años, dijo que su hija únicamente se encontraba grabando la manifestación cuando fue detenida.
El Cepad indicó que testimonios revelan la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos, como “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”; se evidenció, una vez más, “la ausencia de protocolos de uso de fuerza y de actuación en contextos de movilización o protesta social”. (En las detenciones participó hasta el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, quien en foto aparece vestido de civil sometiendo, con un uniformado, a un manifestante).
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De los periodistas que acudieron a cubrir la protesta, uno (Juan Carlos G. Partida) acusó que un policía estatal le robó su cámara fotográfica, que le regresaron con el material borrado; y a dos (Dalia Rojas y Gabriel Viguera) un uniformado los agredió con una piedra cuando documentaban las detenciones. A su vez, el cardenal Francisco Robles Ortega criticó la falta de estrategia para prevenir daños en manifestaciones, como sucedió a la catedral. ¿Ya se pronunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Pos no.
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