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Se separaron
Mejor restar
El caso de Teuchitlán en Jalisco es un reflejo de la violencia sistemática y la brutalidad que caracteriza al estado, evidenciando la colusión entre autoridades y el crimen organizado, así lo dijo Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Este caso resalta, dijo, la incapacidad de las autoridades para garantizar derechos fundamentales, como el derecho a la vida y la integridad personal.
Señala que en un inicio se justificó la falta de revisión del Rancho Izaguirre por su tamaño, luego se hicieron declaraciones donde compartieron que desde septiembre pasado y febrero de 2025 no hubo más indicios de delitos cometidos en el lugar, lo que pone a pensar en qué paso entonces con las pruebas que se encontraron el año pasado y a las que no se dio seguimiento, así como las nuevas evidencias como los crematorios que, si bien no estaban funcionando, los familiares encontraron indicios de la incineración de los cuerpos.
La codirectora también destacó la importancia de las narrativas en la cobertura de hechos violentos, sugiriendo que se debe tener cuidado en cómo se nombran para no restarles seriedad y sobre todo por respeto hacia las víctimas y sus familias, contrario a lo que se hizo el sexenio anterior.
Es crucial, explicó, contar con información actualizada y accesible en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), ya que la falta de actualizaciones genera incertidumbre en la sociedad.
Chimiak enfatizó la necesidad de incluir a los colectivos de búsqueda en las reuniones con el gobierno estatal y de garantizar la seguridad de las familias de personas desaparecidas, quienes se encuentran en riesgo durante el proceso de investigación.
FR