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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
El analizar el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, desde la lupa de los derechos humanos, deja una deuda pendiente porque no solamente se han dejado pasar las leyes de la Constitución, sino las de los derechos establecidos en leyes específicas generales como la Ley General de Atención a Víctimas o la de Desaparición de Personas, así lo dijo Dante Haro, ex fiscal de derechos humanos en la Fiscalía de Jalisco.
El doctor en derecho explicó que hay una deuda con las víctimas directas, pero también de las indirectas que solamente quieren saber la verdad de lo que les pasó a sus familiares, pero los eliminan de la participación de diligencias de investigación y no garantizan que el crimen de desaparición no se repita.
“Sí hay una deuda pendiente por parte de las autoridades y ahí es donde deben estar los organismos de derecho humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, externó.
Ante lo que está sucediendo, el Estado debe atender las causas porque el ataque a agrupaciones delincuenciales sin un plan solamente ocasiona más desapariciones y esto solo habla de que se tienen que atender las causas y redoblar esfuerzos.
Sobre el caos del rancho y la manera en la que reclutaban a las víctimas, Dante Haro, aseguró que actualmente tienen en la UdeG artículos sobre el área de seguridad, así como talleres e información sobre extorsiones y tipos de extorsiones para que no caigan en estos casos.
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