Teuchitlán y la fragilidad municipal

La detención e imputación del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, derivado de las investigaciones por lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no es una sorpresa. En el espacio físico, las autoridades municipales son las más cercanas a la vida ciudadana, lo que incluye la inseguridad y la violencia. Y más en un municipio pequeño. Desde hace alrededor de una década se habla de la fragilidad institucional de los municipios ante el crimen organizado. Desafortunadamente no es solo consecuencia de esa práctica que se ha vuelto cotidiana de “plata o plomo”. También se trata de personajes impuestos, avalados o incluso surgidos desde la delincuencia.

Previo a las elecciones de 2018, un ex dirigente de un partido político me aseguró que en 80 por ciento de los municipios el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía injerencia, en diferentes niveles, en la designación de candidatos. En la pasada elección ese fue también un factor como obstáculo para cubrir la cuota de género, pues muchas mujeres no quisieron participar por temor a ese involucramiento del crimen organizado en los procesos. Hay municipios en los que los partidos políticos pidieron a los candidatos no hacer campaña y mantener perfiles bajos, para evitar ser visibles ante los jefes de las respectivas “plazas”.

Además, Jalisco tuvo su botón de muestra en Jilotlán de los Dolores, ese pequeño municipio ubicado en los límites con Michoacán, donde solamente se registró un candidato. Al parecer, en 2021 el crimen organizado impidió a candidatos de otros partidos políticos participar en el proceso. La consecuencia todos la conocemos. Se tuvo que nombrar un concejo municipal y a lo largo de la administración nunca hubo condiciones para que se repusiera la elección.

Una vez que hay alcaldes electos, la delincuencia interviene también en la designación de sus equipos. Comenzaron con algunos jefes de las policías, pero luego también de otras áreas, especialmente las que mueven recursos, como la hacienda o las direcciones relacionadas con el comercio formal e informal y, por supuesto, la obra pública. Esa fragilidad institucional que caracteriza a los municipios deja a sus autoridades en indefensión ante quien tiene mayor fuerza, especialmente en armamento y personal. Los ayuntamientos no tienen las condiciones ni los recursos para fortalecer a sus policías y casi siempre están en condiciones de inferioridad.

Claro, también hay quienes participan porque les conviene, porque recibieron apoyo para sus campañas o simplemente porque forman parte ya del crimen organizado. Los partidos políticos lo saben y tienen una gran responsabilidad en ello. Pero lo que hacen es simplemente sacar cuentas del espacio que ya llenaron para la elección y la posibilidad que determinados candidatos les dan para ganar un municipio más. Y en ese entramado, ¿qué pasa con la gente? Ni a los partidos ni a los gobiernos estatal y federal les preocupa. Dejan que los ayuntamientos sean quienes, en esa relación directa con la población, sean también quienes decidan ceder territorios y olvidarse de lo que esto implica para los ciudadanos.

En el caso de Teuchitlán, la duda que surge es si el alcalde participó porque así lo quiso o si no tuvo alternativa.

[email protected]

jl/I