Reversa en derecho a la información

Luego de la presentación la semana pasada del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza (PEDG) 2024-2030 del gobierno del estado continúan las observaciones y críticas al documento. Uno de los temas que aborda el plan estatal está vinculado a la aprobación, por las comisiones de Puntos Constitucionales y Electorales, y de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso del Estado, del dictamen de reforma a la Constitución de Jalisco para armonizar lo aprobado a nivel federal en 2024 sobre el derecho a la información y a la protección de datos personales.

¿Qué tiene que ver el PEDG con el dictamen? Mucho. El plan estatal, en el punto 5.5. Derecho a la información y respeto a la privacidad, presume que Jalisco ha logrado “significativos avances” en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero reconoce que aún enfrenta desafíos en la garantía de derechos humanos y la consolidación de una cultura institucional basada en la integridad.

Como meta temática el PEDG se propone posicionar a Jalisco como referente nacional en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto, a partir de la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y su respectiva armonización estatal.

Sin embargo, la incongruencia es total. Jalisco no puede ser “referente nacional” al echar por la borda su historial de “significativos avances” en transparencia y rendición de cuentas, con el dictamen aprobado por diputados locales. Como puntualiza el académico Rubén Alonso, los legisladores hicieron copy paste, con aval de Movimiento Ciudadano y Morena, a los que el PAN acusó ayer de “acabar con la transparencia” en Jalisco.

El grupo Compromiso Jalisco, integrado por periodistas, académicos y expertos, expuso su preocupación porque la reforma a la Constitución local “reproduce sin aportes que mantengan lo que Jalisco ha construido en los pasados 20 años, no se incorporan avances para responder a las necesidades y medios de acceso a la información (…)”. Con el modelo que se plantea constitucionalmente, en Jalisco se vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos, advirtió.

Reiteró el grupo sus propuestas no tomadas en cuenta: participación ciudadana en un sistema estatal de transparencia y acceso a la información; fortalecimiento de los órganos internos de Control y nuevo modelo de transparencia y acceso a la información a partir del 1 de enero de 2026 o al contar con las leyes secundarias. De adorno quedó la memoria documental Mesas de Gobernanza Interinstitucional Hacia la construcción de la reforma de transparencia en Jalisco.

El pleno del Itei indicó, entre otros señalamientos, que lo más “delicado” del dictamen es que suspende los plazos en la tramitación y resolución de los medios de impugnación por 90 días, al mismo tiempo que establece otro plazo de 180 días naturales para realizar las reformas a las leyes estatales que se requieran. Eso implicaría, advirtió, que durante 90 días la Contraloría del Estado deberá resolver los medios de impugnación sin contar con una legislación secundaria armonizada que le conceda atribuciones específicas, ni instancias especiales para lograrlo, lo que conllevará la emisión de resoluciones carentes de fundamento legal.

Jalisco va para atrás en este tema.

X: @SergioRenedDios

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