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Inundaciones
Monseñor
Jorge Verástegui González, quien es familiar de dos personas desaparecidas y abogado especialista en Derechos de personas desaparecidas, expresó su preocupación por la reforma aprobada este jueves en comisiones del Senado, que modifica la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, el sistema nacional de búsqueda de personas y la Ley General de Población.
Con 20 votos a favor, 4 abstenciones y 5 en contra, el proyecto avanza hacia su posible ratificación en el pleno. Sin embargo, decenas de colectivos y familiares rechazaron las modificaciones, argumentando que no fortalecen la búsqueda de desaparecidos y abren la puerta a un sistema de vigilancia masiva disfrazado bajo el pretexto de facilitar dichas búsquedas.
“Nos están utilizando como familiares para instaurar un sistema de vigilancia basado en la CURP con datos biométricos, lo cual no sirve para buscar personas desaparecidas”, denunció Verastegui durante una entrevista telefónica. Señaló que la iniciativa oficialista representa “un voto a la simulación” y alertó sobre el riesgo que implica para la privacidad y seguridad de toda la población.
Aunque la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, afirmó haber sostenido más de 80 reuniones con colectivos y familiares, los afectados aseguran que sus opiniones y propuestas no fueron tomadas en cuenta. “La convocatoria era amplia, pero no hubo una agenda clara ni una verdadera disposición para incorporar las voces de las familias”, señaló Verastegui.
Los colectivos demandan que, así como se construyó la ley original tras un proceso de Parlamento Abierto que duró dos años, se convoque nuevamente a un Parlamento Abierto para discutir de manera pública y transparente los cambios necesarios. Reclaman una reforma integral que otorgue facultades reales a las comisiones de búsqueda para actuar de manera operativa y no sólo burocrática, así como mayor apoyo a las fiscalías, que actualmente están saturadas y carecen de personal capacitado para la investigación y la pericial forense.
Verástegui González advirtió además sobre la grave amenaza que representa la implementación de una plataforma única de identidad con datos biométricos y geolocalización, que podría ser usada para la vigilancia cotidiana de la ciudadanía sin autorización judicial. “En las próximas semanas, si se aprueba el dictamen, todos tendremos que mostrar nuestra CUR para acceder a servicios básicos, y toda esa información estará almacenada y accesible sin controles claros”, enfatizó.
El especialista concluyó que, a pesar de la falta de voluntad política que han evidenciado las autoridades federales, los colectivos y familias seguirán luchando por incidir en la Cámara de Diputados y por visibilizar la problemática ante la sociedad. “Estamos nadando a contracorriente, pero no nos rendiremos”, afirmó.
GR