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SIAPA
Monseñor
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó este viernes su preocupación por las propuestas de la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas a las leyes de seguridad que discute el Congreso, al considerar que consolidan una “indebida naturaleza militar” y amenazan derechos fundamentales como la privacidad y la rendición de cuentas. En un hilo publicado en su cuenta oficial de X, la ONU-DH alertó que la nueva Ley de la Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia sin establecer controles democráticos ni mecanismos idóneos de rendición de cuentas. Estas facultades, advirtió el organismo, se sumarían a una creciente militarización de las tareas de seguridad pública en el país. El organismo internacional también expresó inquietud por las disposiciones que darían al Ejército la atribución de procesar información de inteligencia. Según la ONU-DH, esto pone en riesgo derechos como la privacidad, previstos en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), además de carecer de salvaguardas efectivas. “Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, subrayó el organismo sus publicaciones. Las reformas en discusión en el Congreso contemplan cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Diversos colectivos civiles y académicos también han advertido que estas modificaciones podrían legalizar prácticas de vigilancia sin orden judicial y ampliar el margen de actuación de las Fuerzas Armadas. Desde 2019, la Guardia Nacional ha estado bajo el mando operativo del Ejército, aunque legalmente conserva un carácter civil. El llamado de la ONU-DH se suma a una creciente presión internacional para que el Estado mexicano garantice el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en su estrategia de seguridad. Por ahora, estas reformas se encuentran en el Senado y ya han recibido el aval de la Cámara de Diputados, donde continúa su discusión.
GR
