Exigen revisar modelo de gestión del agua en Jalisco

María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), afirmó que el problema del agua en Jalisco no se limita únicamente al desempeño del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), sino que obedece a un modelo de gestión obsoleto que involucra también a instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua estatal.

Durante la entrevista, González Valencia presentó las campañas impulsadas por el Imdec: “El Siapa Corrupto” y “El Siapa que Queremos: Agua para la Vida y no para el Negocio”, que tienen como objetivo visibilizar la urgencia de transformar profundamente el modelo actual de administración del agua, el cual, aseguró, responde a intereses económicos por encima de los derechos humanos y el equilibrio de los ecosistemas.

Para el Imdec, no basta con auditar o reformar el Siapa si no se cuestiona de raíz el modelo económico de crecimiento urbano, industrial y agroempresarial, que privilegia grandes inversiones a costa de la sostenibilidad hídrica y el bienestar de las comunidades. Por ello, urgieron a establecer moratorias a megaproyectos como condición inicial para un cambio de fondo.

Ante el anuncio del megaincremento tarifario previsto para 2026, González Valencia señaló que trasladar el rescate financiero de un organismo ineficiente a los bolsillos de la ciudadanía es inaceptable. Denunció que además del alza, existe un retroceso preocupante en subsidios y esquemas tarifarios que antes contemplaban criterios sociales y de acceso equitativo al agua.

Como parte de la campaña ciudadana, el Imdec propone tarifas justas, así como la democratización del Siapa, incluyendo la ciudadanización real de sus órganos de decisión: la junta de gobierno, el consejo tarifario y las instancias de fiscalización, con representación vecinal legítima, sin vínculos partidistas o con los ayuntamientos.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de una posible restructuración que derive en la privatización del organismo operador, lo cual, dijo, pondría en mayor riesgo el derecho humano al agua. Para el Imdec, el camino debe ser hacia una gestión pública, comunitaria, participativa y transparente, frente a lo que calificó como una actuación débil por parte de las autoridades responsables.

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